5.700 parados en riesgo de exclusión han logrado empleo en 2010

Un total de 5.700 personas desempleadas en riesgo de exclusión social consiguió un empleo en el último año gracias al programa extraordinario de ayudas previsto en el plan ''+Euskadi 09'', una iniciativa dotada con 63 millones de euros que el pasado otoño auspició el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales con el consenso de la Mesa de diálogo social y el respaldo de la Asociación de Municipio Vascos-Eudel,

Según ha explicado el Ejecutivo, los programas ordinarios de empleo promovidos por el Gobierno vasco en cinco años - de 2005 a 2009- permitieron formalizar 5.150 contratos.

Los contratos que han sido subvencionados por este programa extraordinario están relacionados con las nuevas tecnologías, las energías renovables, el medio ambiente, el desarrollo de nuevas infraestructuras de banda ancha por fibra óptica, el reciclaje, el mantenimiento de equipamientos educativos y escolares, la promoción de la cultura, la educación y la salud; la recuperación del arte y patrimonio, servicios de proximidad o a la comunidad y la recuperación del entorno rural.

El viceconsejero de Empleo, Formación e Inserción Social, Javier Ruiz, ha calificado de "exitosa" esta experiencia donde los municipios vascos han tenido un papel protagonista.

"Hemos conseguido actuar sobre los efectos que la crisis tiene en el aumento de la tasa del paro, posibilitando la contratación de las personas más directamente afectadas por la crisis, aquellas que han perdido sus empleos y no perciben prestación contributiva de desempleo o son perceptores de la RGI".

El incremento de la cuantía media de la ayuda que el Gobierno vasco ha concedido a los ayuntamientos ha conllevado una reducción en la cifra final de contrataciones con relación a la que se había previsto en un principio.

"El compromiso de la consejería por generar empleos de calidad nos ha llevado a aumentar el importe de las subvenciones, que ha pasado de 1.500 a 1.800 euros mensuales por contrato", ha puntualizado la consejera.

El plan contempla como novedad respecto a otras normativas hasta ahora desarrolladas el que, además de entidades como ayuntamientos o fundaciones y asociaciones, las empresas ordinarias puedan ser solicitantes de subvención para la contratación de personas desempleadas. En este sentido, el 31 % de entidades solicitantes han sido empresas.

Ruiz ha puesto de relieve el que los contratos se hayan realizado sobre todo a colectivos con problemas reales de paro y con mayores dificultades de inserción en el mercado de trabajo, como son los jóvenes y los mayores de 45 años, los que disponen de un menor nivel de estudios, y las mujeres.

El objetivo inicial era que al menos el 30 % de las contrataciones fuera a parar a perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos y los datos apuntan que ese porcentaje se ha elevado hasta casi un 35%.