El conflicto de las 'vacaciones fiscales', paso a paso

El Tribunal europeo de primera instancia confirmó en septiembre de 2009 la ilegalidad de las denominadas ''vacaciones fiscales'' vascas, y ordenó su reintegro a las haciendas correspondientes.

Las ''vacaciones fiscales'' del año 1993 suponían la exención parcial de impuestos a empresas que cumplieran con una serie de condiciones: una inversión mínima a realizar y número de empleos concreto.

Éstas ''vacaciones fiscales'' se pusieron en marcha en 1993, con una fuerte crisis económica en Euskadi, y tenían por objeto ayudar a la economía vasca atrayendo inversiones nuevas.El Gobierno de La Rioja interpuso un recurso, al entender que eran medidas discriminatorias; y aunque la justicia europea validó la capacidad de las Diputaciones Forales para crear impuestos diferentes a los de España, (en virtud de su soberanía fiscal) consideró esas ''vacaciones fiscales'' una "ayuda de Estado encubierta" y obliga a las Haciendas forales a recaudar lo que ''perdonaron'' entonces a esas empresas.

Oficialmente no hay una lista, pero extraoficialmente se habla de más de 350 empresas beneficiadas en su día, que, en total, deberían devolver más de 570 millones de euros.

¿Qué dicen las Diputaciones?

Las diputaciones señalan que, en su día, para la aplicación de esas ''vacaciones fiscales'', consultaron a la Comisión Europea sobre la legalidad de las mismas, y que no hubo pega alguna. Y que, mucho más tarde, en 2000, otra Comisión Europea cambió de opinión.

La Diputación de Bizkaia asegura que tiene pruebas de lo que dice, pero que el Tribunal europeo de primera instancia no permitió que las aportara. En este punto acusa a ese tribunal de haber violado sus derechos procesales.Las diputaciones aducen que, visto que en 1993 la comisión europea permitió esas ''vacaciones fiscales'' y que, posteriormente, cambió de opinión, en el año 2000, no puede exigir la recuperación de los impuestos ''perdonados'' porque cuando las empresas se acogieron a esos incentivos eran legales de pleno derecho. Ésa es la ''injusticia'' que hoy tratarán de hacer valer.Pero la Comisión Europea, con Joaquín Almunia a la cabeza, no lo entiende así: exige que las empresas beneficiadas paguen al fisco lo que deben; y que en caso de que las haciendas vascas no acrediten que han recuperado esas ayudas, España pague una multa diaria hasta que lo hagan. Eso sí, en todo caso, la cuestión de quién tendría que pagar la multa es algo que las diputaciones y el Gobierno español tendrían que acordar en virtud de la Ley de Concierto Económico, no de la famosa Ley de Economía Sostenible, que en realidad no blinda a Zapatero ante el pago de ninguna multa europea, porque esa misma ley, recién aprobada, incluye la salvedad expresa de CAV y Navarra en virtud de su singularidad foral.

Si el Tribunal de Luxemburgo les da la razón, las haciendas revertirán a las empresas ese dinero; y si no les da la razón, y además cree que no todas las ayudas han sido recuperadas, impondrá una multa hasta que se recuperen, o la Comisión Europea crea que se han recuperado al 100%. Esa multa podría suponer un ''agujero'' adicional a las administraciones en plena crisis.