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El Gobierno aprueba nuevas medidas laborales, pero aparca las fiscales

La duración mínima del contrato de formación será de un año y la máxima de dos. "Preferimos un empleo temporal a un parado", ha dicho Valeriano Gómez.

El portavoz José Blanco y el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez. Foto: Efe.
El Gobierno aprueba nuevos incentivos a la contratación

02:55

Redacción

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El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un Real Decreto-Ley de medidas laborales que tiene como iniciativas 'estrella' la suspensión, durante dos años, del límite al encadenamiento de contratos temporales, la prórroga por seis meses de la ayuda de 400 euros para parados sin ingresos y la creación de un nuevo contrato de formación para jóvenes sin cualificación que permitirá combinar formación con un trabajo remunerado.

Aunque en principio la duración de este nuevo contrato iba a ser de dos años, prorrogables a otro, el Gobierno ha decidido establecer una duración mínima de un año y de dos como máximo, prorrogable por otro año más si el proceso formativo lo exige.

Finalmente y en contra de lo esperado, el Ejecutivo no ha abordado ningún cambio en materia fiscal, como así ha confirmado el propio ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, José Blanco.

"Preferimos un empleo temporal a un parado"

El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha reconocido que el Gobierno prefiere que los trabajadores tengan un empleo temporal a que estén en el paro.

Ese es uno de los motivos por los que el Ejecutivo ha decidido suspender el límite al encadenamiento de contratos temporales, una de las medidas que más malestar ha causado entre los sindicatos.

Críticas de los sindicatos El sindicato UGT considera que las nuevas medidas aprobadas por el Consejo de Ministros son "muy negativas" porque empeoran las condiciones laborales de los trabajadores y no ayudan a la recuperación económica del país.

CCOO, pr su parte, cree que las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros además de "ineficaces, faltas de rigor e improvisadas", suponen un nuevo ataque al diálogo social y una "total falta de  respecto" a los interlocutores sociales.

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