Bravo dice ser inocente en la primera sesión del juicio

El principal imputado en el fraude de la Hacienda de Irun, José María Bravo, ha declarado su inocencia, ha exculpado a su mujer, Rosa Cobos, y a su socio, Pedro Atristain, y ha mantenido que los 1,9 millones de euros de cuya apropiación se le acusa están en las arcas forales.

El acusado ha recalcado que no se quedó con nada del dinero que recibió de los contribuyentes, al tiempo que ha insistido en que lo ingresó en su totalidad en las cuentas de la Hacienda foral.

Sí ha reconocido, no obstante, una "irregularidad" en el cobro de las cantidades que le fueron entregadas por estas personas a través de cheques y pagarés, que él ingresó en sus cuentas particulares sin conocimiento de su esposa, aunque ésta también figuraba como titular en ellas.

Bravo ha situado esta actuación, de la que ha admitido no sentirse "orgulloso", en dos períodos diferentes: el primero comprendido entre 1992 y 1996, en el que estaba terminando su carrera de abogado, y un segundo entre 2001 y 2003, en el que pensaba abandonar su trabajo en la Hacienda foral.

Ha explicado que durante ambos períodos desempeñó una actividad profesional ajena al departamento de Hacienda por la que tuvo una serie de ingresos que no podía depositar en metálico en sus cartillas porque llamaría la "atención" tributaria, algo que, según ha dicho, no ocurría cuando se ingresaba por medio de cheques. De esta manera, se le ocurrió aprovechar los talones y pagarés que le daban los contribuyentes para ingresarlos en sus cuentas.

Posteriormente, ha dicho, a veces con un desfase de días, él cubría la deuda con Hacienda de los contribuyentes en metálico con su propio dinero.

Bravo ha hecho esta afirmación al inicio del interrogatorio del fiscal al inicio de la vista oral que se está celebrando en la Audiencia de Gipuzkoa.

La vista por estos hechos quedó suspendida el pasado lunes para que el tribunal debatiera una serie de cuestiones previas y se ha reanudado hoy con la declaración de Bravo que sigue testificando en estos momentos.

Las irregularidades, hechas públicas en el años 2006, habrían supuesto un perjuicio a Hacienda guipuzcoana de 2 millones de euros, por la apropiación por parte del exdirector de la oficina irundarra del cobro de deudas tributarias a contribuyentes morosos, que posteriormente no ingresaba en las arcas forales. El ministerio fiscal reclama una multa de 2 millones y la restitución al Fisco guipuzcoano de 1,9 millones de euros.