No informar de rentas en el extranjero se multará con 10.000 euros

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal que recoge la obligación de informar sobre cuentas y valores que estén en el extranjero.

Se establece la obligación de comunicar las "cuentas, valores, títulos, rentas o bienes inmuebles" en el extranjero; y, si no han sido declaradas y son descubiertas por Hacienda, no prescribirán y serán imputadas al ejercicio económico del año que se hayan descubierto.

En la rueda de prensa posterior, Sáenz de Santamaría ha resaltado que aparte de no prescribir, el defraudador se enfrenta a una multa mínima de 10.000 euros, que aumentará a 5.000 euros por cada dato no declarado.

Aprobado el límite de 2.500 euros para los pagos en efectivo

El Gobierno también ha aprobado la limitación de los pagos en efectivo a cantidades inferiores a 2.500 euros, cantidad que asciende a 15.000 euros cuando el pagador sea un particular no residente.

Serán sujetos infractores tanto el pagador como el receptor del pago, mientras que será exonerado de la sanción quien voluntariamente comunique el pago en efectivo.

Se adelantan las medidas cautelares

Para garantizar el cobro de las deudas tributarias, se adelanta el momento en el que se pueden adoptar medidas cautelares, para que cuando se llega al final del procedimiento el investigado no haya hecho desaparecer sus bienes, como ocurre ahora.

Para evitar el vaciamiento patrimonial de las sociedades que vayan a ser liquidadas se amplía la responsabilidad de los sucesores a las percepciones patrimoniales que se hayan obtenido antes de la liquidación formal.

También serán responsables subsidiarios por retenciones o repercusiones los administradores de sociedades que presenten reiteradamente declaraciones sin ingresar la deuda tributaria.

Sanciones

Además, se endurecen las sanciones por resistencia a la inspección, que serán de un mínimo de 1.000 euros y un máximo de 100.000, siempre que no se desarrollen actividades económicas.

En el caso de que sí se desarrollen, las sanciones oscilarán entre 3.000 y 600.000 euros. Si hay una rectificación de la conducta, la sanción podrá reducirse un 50 %.

La vicepresidenta ha asegurado que el que "va por la vida" sin pagar el IVA perjudica a todos y defrauda a la sociedad en su conjunto.