El Tribunal considera probado que Roca ha cometido los delitos de blanqueo de capitales, prevaricación administrativa, fraude y cohecho pasivo para acto injusto.
El exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella y presunto "cerebro" de la trama de corrupción descubierta en el caso "Malaya", Juan Antonio Roca, ha sido condenado hoy a 11 años de prisión y una multa de 240 millones de euros. Su mujer y su hija han salido absueltas.
El Tribunal considera probado que Roca, que se enfrentaba a una petición fiscal de 30 años de prisión, ha cometido los delitos de blanqueo de capitales, prevaricación administrativa, fraude y cohecho pasivo para acto injusto, según la sentencia que se ha dado hoy a conocer.
La sentencia, con más de 4.000 folios, incluye el fallo de los 84 procesados. Entre ellos, Pedro Román, la mano derecha del exalcalde Jesús Gil, que ha sido condenado a cuatro años de cárcel y a una multa de 2,5 millones de euros.
Por su parte, la exalcaldesa de Marbella Marisol Yagüe ha sido condenada a 6 años de prisión por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude, cohecho pasivo y alteración del precio de concursos. La Fiscalía había solicitado una pena de 16 años de cárcel para Yagüe, que gobernó en Marbella entre 2003 y 2006, tras prosperar la moción de censura contra Julián Muñoz.
Precisamente, Muñoz ha sido condenado a 2 años de cárcel y 16 de inhabilitación. Muñoz, que se encuentra encarcelado por otra causa relacionada con el blanqueo de capitales, se enfrentaba en este procedimiento a una petición fiscal de 10 años de prisión.
Además, la exteniente de alcalde de Marbella Isabel García Marcos ha sido condenada hoy a 4 años de prisión por los delitos de cohecho pasivo y alteración de precios de concursos. García Marcos fue considerada el "azote" del fallecido Jesús Gil durante sus años de concejal del PSOE, partido del que fue expulsada en 2003 por apoyar la moción de censura que derrocó a Julián Muñoz.
Rebaja de condenas para los empresarios
Los principales empresarios procesados en el caso "Malaya" contra la corrupción han sido condenados hoy a penas que suponen importantes rebajas respecto a la petición fiscal y, en algunos casos, han sido absueltos de los delitos que se les imputaban.
Los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor, que se enfrentaban a sendas peticiones fiscales de 22 años de cárcel y multas de 23 millones de euros, han sido finalmente condenados a 6 años, 3 meses y 1 día de prisión y a multas de 4,7 millones de euros cada uno de ellos.
Al promotor granadino José Ávila Rojas, que ya se encuentra en prisión por otra causa judicial, se le ha impuesto una pena de 3 años y 8 meses de prisión y una multa de 11,5 millones de euros, condena que dista de los 10 años de cárcel y 55 millones de euros que solicitaba la Fiscalía en sus conclusiones definitivas.
Por su parte, el constructor cordobés Rafael Gómez Sánchez, conocido como "Sandokán", ha sido condenado a seis meses de cárcel, mientras que los empresarios Tomás Olivo y Cristóbal Peñarroya han sido absueltos de todos los delitos que se les imputaban.
La sentencia también ha supuesto una sustancial rebaja de penas para los directivos de la promotora Aifos Jesús Ruis Casado, Jenaro Briales y Francisco García Lebrón -que afrontaban peticiones
fiscales de 7 años de prisión y multas de 8 millones-, que han sido condenados a 3 años de cárcel y una multa de 2,2 millones cada uno por los delitos de cohecho para acto injusto y fraude.
Además, el Tribunal ha impuesto una pena de ocho meses de prisión al expresidente Sevilla FC José María González de Caldas por un delito de cohecho, frente a los 2 años solicitados por el ministerio público.
Que el dinero 'revierta en Marbella'
El tribunal que ha juzgado el "caso Malaya" sobre la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella ha expresado su deseo de que parte del dinero y los bienes decomisados durante el proceso reviertan en la localidad malagueña para que pueda pagar sus deudas con Hacienda y la Seguridad Social.
Ha añadido que Marbella, "por el ambiente generalizado de corrupción en el que se ha visto envuelta, ha sufrido evidentes perjuicios morales y económicos que deben ser resarcidos en la medida de lo posible".
