Las mutuas piden la potestad para dar el alta al trabajador

El Gobierno español prepara la reforma del sector de las mutuas, que gestionan la gran mayoría de las prestaciones y servicios en caso de accidentes de trabajo y bajas laborales. Pretende que la Seguridad Social ahorre dinero destinado a esas bajas, aunque en su mayor parte son cubiertas por las propias mutuas. Las asociaciones, por su parte, exigen poder ordenar el alta del trabajador, algo que hoy en día es potestad exclusiva del médico de familia del sistema público.

La reforma está ahora en manos de la oficina económica del Gobierno español, después de que el Ministerio de Sanidad rechazara la pretensión de las mutuas de que si en cinco días el médico de familia no responde a una petición de alta, sea la propia mutua la que la ordene.

Las mutuas en la CAV gestionan las bajas y prestaciones por accidente laboral del 95% de los asalariados; y las de enfermedad común de más del 60%. Son asociaciones dependientes de la Seguridad Social, aunque se reivindican como mejores gestores. Suelen poner un ejemplo para demostrarlo: si por término medio un esguince tratado en la seguridad social conlleva 48 días de baja, en las mutuas la baja se queda en la mitad, con el consiguiente ahorro.

La reforma de la Ley de Mutuas se antoja, dicen, imprescindible para el sostenimiento del sistema. El anteproyecto se retrasa, pero según cálculos de las mutuas, estará listo para ser aprobado este mismo año.

La medida cuenta con el rechazo de mundo sanitario, en especial de las asociaciones de defensa del sistema público. La Federación de Defensa de la Sanidad Pública se ha mostrado en contra de esta reforma. Según ellos, supondría el desprestigio del sistema de salud público, que queda en un papel secundario.

Además, denuncian que desaparecería el arbitraje que supone la opinión del médico de cabecera cuando hay diferencias entre trabajador y empresa.