Sociedad -

Por daños y perjuicios

Una empresa de alquiler de bicicletas demanda 180.000 euros a Gasteiz

La empresa a la que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz adjudicó el servicio de préstamos de bicicletas en 2012 ha acudido a los tribunales por "daños y perjuicios".

Demanda de la empresa de alquiler de bicis al Ayuntamiento de Vitoria
Demanda de la empresa de alquiler de bicis al Ayuntamiento de Vitoria
Demanda de la empresa de alquiler de bicis al Ayuntamiento de Vitoria

Redacción

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El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha sido demandado por la empresa a la que, hace dos años, adjudicó la instalación de un nuevo sistema de préstamo de bicicletas, según ha adelantado Radio Euskadi.

Iba a ser una de las iniciativas estrella de la Green Capital de Gasteiz, pero el Consistorio se echó atrás en el último momento, argumentando “falta de dinero”.

Los hechos se remontan a 2012, cuando el Ayuntamiento sacó a concurso el servicio de préstamo de bicicletas que pretendía imitar a los de Londres o Nueva York, con 50 estaciones en las que se iban a poder alquilar cerca de 500 bicicletas, como un medio más dentro de la red de transporte público de la capital alavesa.

El coste de este nuevo servicio ascendía a los seis millones de euros.

El concurso se adjudicó provisionalmente a la empresa gasteiztarra Prisma Global, aliada con la catalana Moventia, pero al poco tiempo fue suspendido. El Ayuntamiento alegó falta de recursos económicos, por una ayuda del Gobierno Vasco que no llegó a materializarse.

Para entonces, Prisma Global llevaba ya mucho trabajo adelantado: había realizado gestiones y cerrado contratos con proveedores, entre ellos uno con una empresa de Canadá que suministraba bicicletas.

Por todo ello, Prisma demanda ahora 180.000 euros en concepto de daños y perjuicios. Según ha relatado la empresa a Radio Euskadi, Prisa podría pedir hasta un 3% del contrato, y antes de recurrir a la vía judicial han intentado, sin éxito, llegar a un acuerdo con el Consistorio.

La demanda ha llegado ya al Ayuntamiento y desde el consistorio gasteiztarra aseguran que sus servicios jurídicos no han visto suficientemente justificados los costes que le reclaman.

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