Sociedad -

Ley del Aborto

Ginecólogos navarros niegan que "todos" sean objetores al aborto

11 médicos han firmado una carta denunciando que "no existen razones" para no aplicar la nueva Ley, y recuerdan que entre 1986 y 1987 se practicaron interrupciones del embarazo en la Comunidad foral.

Redacción

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Once ginecólogos han considerado hoy que "no existen razones" para no aplicar la nueva Ley del Aborto en todos sus términos en Navarra, donde aseguran que "no es cierto" que todos los facultativos sean objetores de conciencia y se nieguen a practicar abortos, por lo que apelan a la "voluntad política".

Así lo aseguran en un artículo de opinión, que hoy recogen Diario de Navarra y Diario de Noticias, y en el que recuerdan que en Navarra entre 1986 y 1987 se practicaron una decena de Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE), aunque el "acoso" sufrido por los profesionales que lo hicieron y la "inseguridad jurídica" que vivieron les hicieron desistir.

Desde entonces uno de los argumentos esgrimidos por el Gobierno de Navarra para argumentar que la sanidad pública no practica en la Comunidad foral pero costea la IVE a las navarras fuera de su territorio es la supuesta objeción de conciencia generalizada en todos los facultativos que practican la ginecología en Navarra.

Al respecto, los once ginecólogos advierten hoy de que "hay muchas cosas que han cambiado en la sociedad navarra en estos 25 años" y tras admitir que "hay objetores", aseguran que también hay "un recambio generacional importante" entre los profesionales y que "no es cierto" que todos lo sean.

La Objeción de Conciencia es "siempre" una "decisión individual y única para cada acto médico que se objete", dicen y subrayan que "no existen razones" para que no se puedan organizar las IVE "de forma reglada y negociada" dentro de la Sanidad Pública de Navarra "respetando todas las sensibilidades pero sin desatender por ello los derechos de las mujeres".

Los once ginecólogos indican que "la decisión está en el tejado de los políticos" y consideran que la solución depende de "voluntad política", de forma que exigen a la Administración "una buena organización" de la prestación sanitaria que "normalice de una vez la ejecución de este derecho".

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