La población alavesa y vitoriana no considera la inmigración un problema

Los datos del Barómetro de 2018, presentados el miércoles en el Museo de Arqueología de Álava Bibat, muestran que solo un 10,6 % de la población alavesa y un 10,1 % de la vitoriana ven la inmigración como un problema.

José Antonio Oleaga, director de investigación del Observatorio Vasco de Inmigración Ikuspegi y profesor de la UPV/EHU, ha destacado la mejoría de la población alavesa en las actitudes y posturas hacia la inmigración en los últimos años.

Según la Diputación Foral de Álava, los datos recogidos en el estudio indican que la población alavesa y vitoriana aprecia los beneficios económicos de la inmigración de manera paralela a la mejora de la situación económica general, "al menos en lo que a indicadores macroeconómicos se refiere".

Aun así, Maite Fouassier, investigadora de Ikuspegi, destaca que "los mayores recelos de la sociedad alavesa y vitoriana tienen que ver con el mantenimiento del estado del bienestar, con el acceso a las ayudas sociales y con el reparto de esas ayudas". Según Fouassier, también suscitan controversia y, en ocasiones, rechazo que las personas inmigrantes construyan templos para sus religiones, se vistan como en su países de origen y creen centros escolares privados.

En el estudio, la población alavesa, en general, y la vitoriana, en concreto, no oculta sus preferencias, y aceptan sin problemas inmigrantes provenientes de la Unión Europea occidental y países latinoamericanos, más cercanos culturalmente, pero presentan más reticencias con las personas del Magreb, de Rumanía y la Unión Europea oriental, o de Pakistán.

En opinión de Oleaga, "para poner freno a los discursos intolerantes basados en estereotipos falsos y negativos contra la población inmigrante, es necesario cerrar los espacios de impunidad de esos discursos que perjudican gravemente la convivencia y fomentan la discriminación".

Educación y asistencia sanitaria

En relación al acceso a derechos, ambas poblaciones son cada vez más partidarias de que todas las personas inmigrantes puedan acceder a la educación y a la asistencia sanitaria; entre un 80 % y un 90 % de los encuestados está de acuerdo con este aspecto. Sin embargo, señalan que el acceso a la asistencia jurídica, las ayudas sociales, la reagrupación, el voto y el acceso a la vivienda de protección oficial debería regularse.

Personas refugiadas

En cuanto a la llegada de personas refugiadas, 3 de cada 4 personas manifiestan posturas inclusivas al decantarse por acoger a todas sin restricciones, en caso de que se compruebe su condición de perseguidas. En política de inmigración, la población alavesa y vitoriana suaviza su postura para facilitar la entrada de población extranjera, y ligan sobre todo el contrato de trabajo con la regularización y la permanencia en nuestra comunidad.