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Paliza mortal

Donostia se persona como acusación popular en el caso por la muerte de Santi Coca

El menor de 17 años falleció en abril tras recibir una paliza por parte de varios jóvenes en el exterior de una conocida discoteca, después de discutir por un paquete de tabaco.

Lugar donde se produjo la agresión mortal en Donostia. Foto de archivo: Jon Hernández
Lugar donde se produjo la agresión mortal en Donostia.
Lugar donde se produjo la agresión mortal en Donostia. Foto de archivo: Jon Hernández

Agencias | Redacción

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Euskaraz irakurri: Donostiako Udala herri akusazio gisa aurkeztuko da Santi Costaren heriotzaren auzian

Eneko Goia, el alcalde de San Sebastián, ha anunciado que la Junta de Gobierno Local ha decidido personarse como acusación popular en el procedimiento judicial por la muerte de Santi Coca, el menor de 17 años que falleció en abril tras recibir una paliza por parte de varios jóvenes en la ciudad.

Goia ha explicado en un comunicado que el consistorio donostiarra quiere así dar respuesta a la "situación de alarma" que generó el "grave suceso" que provocó la "desgraciada muerte de un chaval menor" en las calles de la ciudad.

Los hechos sucedieron sobre las 05:00 horas del pasado 26 de abril, en una zona comprendida entre el Ayuntamiento y el Real Club Náutico, al inicio del Paseo de la Concha, en el exterior de una conocida discoteca donostiarra, donde se produjo una reyerta, al parecer a raíz de una discusión por un paquete de tabaco, en la que el fallecido, que residía entre la capital guipuzcoana y Reocín (Cantabria), resultó gravemente herido.

Equipos sanitarios desplazados al lugar le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar tras lo cual fue trasladado en estado de extrema gravedad al Hospital Donostia, donde falleció dos días después.

Siete jóvenes de entre 18 y 25 años están acusados de participar en los hechos.

El Ayuntamiento de San Sebastián ha explicado que, a pesar del informe previo que señala las limitaciones y problemas legales para el ejercicio de la acusación popular, el alcalde, a la vista de la opinión de la Junta de Portavoces, cree conveniente ejercitar la acción popular en este caso.

Dada la índole del asunto, así como la limitación actual de los recursos de defensa jurídica municipal, el consistorio ha decidido contratar la asistencia jurídica de un abogado especialista en la materia.

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