La prisión permanente revisable no se aplicará en los delitos sexuales

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado que el Gobierno únicamente introducirá la prisión permanente revisable para los delitos de máxima gravedad en el terrorismo y que no la hará extensible a los delitos contra la libertad sexual, que sí contarán con medidas adicionales, como la custodia de seguridad, que consiste en una medida privativa de libertad.

Tras reunirse este lunes con el padre de Marta del Castillo, Antonio del Castillo, Gallardón ha defendido que la custodia de seguridad es una nueva medida adicional que irá recogida en la sentencia en la que se le fijará la pena de prisión al autor del delito y tendrá una duración máxima de diez años.

El ministro ha defendido la idoneidad de esta medida porque será impuesta en función de la peligrosidad del autor del delito. Eso significa, según sus palabras, que no se aplicará exclusivamente a los delitos más graves sino para los que tengan "una previsión de continuidad o agravamiento" de modo que sirva de "protección" a la sociedad.

La custodia de seguridad ya se aplica en países como Alemania, Reino Unido o Francia, y en España también se podrá imponer a casos de delitos graves relacionados con el tráfico de drogas.

Gallardón ha querido dejar claro así que la prisión permanente revisable será exclusiva para los delitos más graves de terrorismo, porque éstos se cometen dentro de una organización y "buscan atacar la esencia del estado democrático", mientras que los cometidos contra la libertad sexual, "sin merecer menos reproche", tienen un "carácter individual".

Otras medidas

Entre las medidas anunciadas este lunes por el responsable de  Justicia también está la supresión de la figura del delito continuado para los delitos de naturaleza sexual de modo que se abordará delito por delito para que los tribunales tengan un marco legal que les permita ajustar la gravedad de la pena al número de delitos cometidos y a la gravedad de los mismos.

Asimismo, se agravará la detención ilegal con desaparición forzada, especialmente en los casos con motivación sexual y con víctimas menores, para que la pena se imponga se adapte mejor a la gravedad de la conducta.