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Protesta
Se niegan a declarar dos de los imputados por los 'tartazos' a Barcina
Han denunciado que "se está haciendo una suerte de venganza política por unos hechos que realmente no tienen la relevancia de un delito".
Redacción
Dos de los cuatro procesados por el lanzamiento de tartas a la presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, en Toulouse (Francia), han comparecido hoy en el Palacio de Justicia de Donostia-San Sebastián tras ser citados para declarar sobre este caso, aunque se han acogido a su derecho a no testificar.
Los cuatro encausados pertenecen al colectivo Mugitu (opuesto a la construcción del Tren de Alta Velocidad), que reivindicó la autoría del lanzamiento de varias tartas contra Barcina cuando el 27 de octubre presidía en Toulouse el Consejo Plenario de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos.
Los dos imputados de origen guipuzcoano, Mikel Álvarez e Ibón García, han sido citados esta mañana en Donostia-San Sebastián, mientras que los otros dos, los navarros Julio Villanueva y Gorka Ovejero, lo fueron en Pamplona/Iruña el pasado 17 de mayo, donde también rehusaron declarar por su disconformidad con que el caso se juzgue fuera de Francia.
En concreto, Álvarez y García han considerado hoy que "no tienen por qué dar ninguna explicación a las autoridades judiciales españolas" por lo sucedido y su negativa a testificar ha constituido una forma de "repulsa" a que los hechos sean investigados en el Estado español.
En una rueda de prensa, el abogado de la defensa, Fidel Sánchez, ha aclarado que Mikel Álvarez no está acusado de "haber llevado a cabo ningún tipo de acto relacionado con un supuesto acometimiento a Yolanda Barcina, sino que sólo se le imputa por haber participado en una rueda de prensa lo que, a su entender, supone un "exceso de aplicación penal sobre los hechos".
Por ello, ha considerado que en el caso "se está haciendo una suerte de venganza política por unos hechos que realmente no tienen la relevancia de un delito".
El proceso que se sigue en la Audiencia Nacional por estos "tartazos" se tramita por un delito de atentado a la autoridad, penado con entre cuatro y seis años de cárcel, si bien para Gorka Ovejero, teniente de alcalde de Arruazu, la petición de pena podría alcanzar los 10 años si se le aplica una agravante por su condición de autoridad.
