Sociedad -
Estudio del Ararteko
'Los políticos deben impedir que la crisis afecte a derechos humanos'
El Ararteko Iñigo Lamarca ha pedido a los dirigentes políticos que también en tiempos de crisis deben hacer una apuesta decidida en defensa de los derechos humanos.
Redacción
El Defensor del Pueblo vasco ha advertido hoy de que los poderes públicos tienen ahora la "gran responsabilidad de impedir que la crisis económica se convierta en una crisis de derechos humanos" y de justificar los recortes, utilizando al "máximo los recursos disponibles".
El Ararteko, Íñigo Lamarca, ha hecho estas recomendaciones en un estudio titulado "Los derechos humanos como base de las políticas públicas en tiempos de crisis económica", en el que alerta que los representantes políticos deben hacer "una apuesta decidida" en defensa de los derechos humanos, más allá de meras declaraciones públicas, con actuaciones prácticas.
"Es el momento de decidir si la salud, la vivienda, la educación o la expresión de ideas en público son derechos humanos o meros privilegios reservados para tiempos de bonanza económica", señala el informe del Ararteko.
Por ello, advierte de que "el saneamiento del sistema financiero, la reducción de la prima de riesgo y el cumplimiento de los objetivos del déficit no puede realizarse a expensas de los derechos humanos".
Entre sus recomendaciones destaca que los derechos recogidos en la Constitución deben ajustarse a los parámetros "más garantistas" del derecho internacional y que las políticas sociales son "instrumentos necesarios para materializar el acceso de todas las personas a los derechos socioeconómicos".
Entiende que si una Administración acuerda adoptar medidas regresivas sobre determinados derechos, tiene que elaborar y publicar un estudio de evaluación sobre el impacto de dichas medidas.
Recuerda que los derechos civiles, sobre todo el derecho de reunión y el de asociación, son "garantías ciudadanas" del cumplimiento de las obligaciones que tienen las administraciones respecto a los derechos humanos.
Lamarca recalca por último que "la buena gobernanza" exige asegurar que los ciudadanos cuentan con información detallada y relevante y que participan de manera significativa y en condiciones de igualdad de las decisiones que les afectan.
