Entrevistas
ESPIONAJE
"La ley prevé que se puedan interceptar comunicaciones, no toda la vida íntima de las personas"
Robert Sabata, presidente de la Asociación Abogados Europeos Demócratas y Virginia Álvarez, responsable de Investigación y Política Interior de Amnistía Internacional, denuncian la desproporcionalidad y la intencionalidad política en el uso de programas espía como 'Pegasus'.
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'Pegasus' es el producto estrella de la empresa israelí de seguridad NSO
25:14 min
La utilización ilegítima e ilegal de Pegasus ya fue denunciada en julio de 2021 por Amnistía Internacional (AI). Una filtración masiva de datos revelaba que el software espía de NSO Group había sido utilizado por diferentes gobiernos para facilitar "la comisión de violaciones de derechos humanos" a periodistas, activistas y líderes políticos. Virginia Álvarez, responsable de Investigación y Política Interior de AI, recuerda que ya entonces solicitaron adopción de medidas a los Estados, y asunción de responsabilidades a la empresa propietaria del software. Ante las últimas informaciones, Álvarez subraya que "es muy peligroso que se acepte la idea de que se puede espiar a lideres políticos de la oposición; están en juego los propios valores de la democracia".
Comisión de Secretos Oficiales
Este jueves, durante su comparecencia ante la Comisión de Gastos Reservados del Congreso, la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, ha aportado las autorizaciones judiciales del Tribunal Supremo que ampararon el espionaje de hasta una veintena de políticos independentistas. Para Robert Sabata, presidente de la Asociación Abogados Europeos Demócratas (AED) estamos ante "la comedia de la confusión y de la desinformación desde el minuto uno". La AED forma parte de la treintena de entidades -referentes en materia de derechos humanos a escala internacional- que han firmado un manifiesto en el que se insta a revisar la ley que regula el CNI, se exige una investigación garantista y se aboga por dejar de utilizar programas espía como Pegasus o Candiru.
Al respecto, Virginia Álvarez sostiene que, "pudiendo ser lícita la intervención de comunicaciones (Ley Orgánica 2/2002 del 6 de mayo), desde AI estamos cuestionando la desproporcionalidad que se produce con la utilización de este programa tremendamente invasivo". Sabata confirma que tanto Pegasus como Candiru "permiten una invasión absoluta en las terminales, hasta el punto de poder cambiar mensajes o introducir información en los teléfonos".
Amnistía Internacional llama al Gobierno español a explicar "si ha comprado los servicios de NSO o ha utilizado Pegasus, a que colabore en las investigaciones que se puedan llevar a cabo y que se sume a la moratoria para la utilización de este tipo de software que no respeta derechos humanos, hasta que no haya una clara regulación".
