Montoro asegura que en verano las administraciones pagarán a 30 días

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado este lunes que todas las administraciones públicas, en todos sus niveles, pagarán a sus proveedores, para este verano, a treinta días en cumplimiento de la Ley de Morosidad.

''Los que no puedan hacerlo, para eso está el Estado", ha añadido Montoro durante su intervención en la Interparlamentaria del PP, en la que ha prometido que el Gobierno no acabará con la crisis "con medias tintas" ni tiene intención de financiarse "no pagando a proveedores".

El titular de Hacienda ha querido ser "claro" en este compromiso y ha asegurado que este verano "no se oirá en ningún rincón de España" que a "tal laboratorio -por ejemplo- no se le pagó".

Con medidas como ésta, ha señalado, España demostrará que es un "país fiable" y recuperará la confianza y la credibilidad del exterior.

Montoro ha recordado por otra parte que la ley de transparencia permite inhabilitar a los cargos públicos que no cumplan con las cuentas.

"Tenemos en consecuencia la garantía, la capacidad del Estado de cubrir a todos, de atender a todos" y de garantizar a la ciudadanía que las administraciones van a ser austeras porque tendrán que informar de la ejecución de sus cuentas cada mes, ha apuntado.

Por otro lado, Montoro ha hablado de la reforma de las Administraciones Públicas que prepara el Gobierno y que quiere consensuar con "todos" los partidos.

Frente a opiniones "muy respetables" que según ha asegurado "no son las del PP", Montoro ha señalado que "la ambición de una España centralizada" no es "ni mucho menos" la que "inspira" al Gobierno en esta reforma.

Al contrario, el ministro ha dicho que "no es cierto" que los países descentralizados y "federales" europeos sean los más ineficaces o los que tienen un sector público más grande.

De lo que se trata, ha apuntado, es de cómo se gestiona esa estructura, de "dar un nuevo orden", y por eso el Gobierno y el PP están buscando el acuerdo sobre el objetivo común que tienen todas las fuerzas políticas de mejorar la eficacia en las administraciones.