Economía -
Fiscalidad
La abogacía de la UE dictaminará sobre las vacaciones fiscales
El pronunciamiento sobre la multa que pide la CE a España se prevé para el próximo 23 de enero. Estas conclusiones de la Abogacía General no son vinculantes.
Redacción
La Abogacía General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) prevé pronunciarse el próximo 23 de enero sobre la multa millonaria que pide la Comisión Europea a España por las llamadas vacaciones fiscales vascas. Según la información disponible en el registro del Alto Tribunal de la UE, la abogada general encargada de emitir sus conclusiones sobre el caso en exactamente diez días será Eleanor Sharpston. Estas conclusiones, no vinculantes, preceden a la sentencia del Tribunal, que suele seguirlas en la mayoría de los casos.
La opinión de la abogada general se dará a conocer después de la vista que se celebró el 10 de septiembre y en la que España hizo un último intento para evitar la multa por las vacaciones fiscales vascas, unas ayudas concedidas a empresas nuevas en los años noventa, que ya han sido declaradas ilegales. La Comisión Europea (CE) mantuvo en aquella vista su solicitud de imponer una de las dos multas que reclamaba contra España, que podría superar los 64 millones de euros, y condicionó la otra a la recuperación de 278.000 euros en intereses de deuda aún pendientes.
Bruselas considera que España merece una "medida disuasoria" porque han pasado doce años desde que la CE declaró el régimen vasco ilegal y "es el segundo país con más casos por recuperar", explicó entonces el representante de la Comisión, Carlos Urraca.
La medida disuasoria que pide Bruselas es la imposición de una suma a tanto alzado de 25.817,4 euros al día a contar desde el 14 de diciembre de 2006, cuando el Tribunal pronunció una primera sentencia en la que daba la razón a la CE sobre la ilegalidad de las ayudas y pedía su recuperación.
La CE admite que el montante principal de las ayudas ha sido recuperado, pero también recalca que aún quedan pendientes 278.000 euros en intereses que afectan a ocho beneficiarios en Álava.
