Las grandes empresas piden más ajustes para reducir el paro al 11%

Las grandes empresas piden un ajuste fiscal de 30.000 millones de euros en cuatro años, un plan eficaz de lucha contra el fraude laboral y una revisión de los umbrales fiscales que pagan las pymes para aumentar de tamaño con el fin de que en 2018 el paro pueda reducirse más de la mitad, al 10,4%.

El presidente de Telefónica y del Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), César Alierta, ha asegurado hoy que España puede colocarse entre las 10 economías más importantes del mundo si el Gobierno profundiza en reformas estructurales.

Durante la presentación del informe del CEC 'España 2018', Alierta ha abogado por una "transformación radical de la economía española basándola en la productividad, la educación y la competitividad".

2,3 millones de empleos

Los grandes empresarios ven posible crear 2,3 millones de empleos en cuatro años si se impulsan una serie de reformas que van desde invertir más en educación, I+D+i, infraestructuras o conocimiento, hasta aumentar el número de inspectores de Hacienda, rebajar las fiscalidad que pagan las empresas por su tamaño o disminuir el gasto público.

No obstante, consideran necesario un ajuste fiscal adicional del entorno del 3% del PIB (unos 30.000 millones de euros) para bajar los niveles de deuda pública hasta cerca del 90% en 2018.

Lucha contra el fraude

Algunas de las medidas que proponen son aumentar la lucha contra el fraude, que supondría una recaudación adicional de hasta 20.000 millones anuales; una mayor racionalización del personal de las administraciones públicas (impacto de unos 5.000 millones) y la activación de un plan de gestión del patrimonio público y de privatizaciones, que conllevaría un ahorro en la deuda de al menos 35.000 millones.

El CEC también ve conveniente aumentar el tamaño de los municipios a través de fusiones o supresiones, lo que ahorraría cerca de 6.000 millones al año.

La lucha contra el fraude laboral podría hacer aflorar unos 800.000 nuevos empleos y aumentar la recaudación en un 1% del PIB, mientras que duplicar el número de empresas de más de 250 empleados y aumentar un 60 % las medianas, crearía cerca de 400.000 nuevos puestos de trabajo.

Los grandes empresarios abogan por aumentar la inversión en I+D al 3% del PIB frente al 1,3% actual ya que generaría un empleo de unos 130.000 trabajadores, y por un incremento de la flexibilidad laboral que recuperaría más de 300.000 empleos hasta 2018.

El CEC pide acelerar la reforma de las pensiones y reformas en la educación para tener 200.000 empleos más, mientras asegura que un plan de inversiones en política energética crearía otros 100.000 nuevos empleos.