Economía -
Decreto anti-déficit
Así se fraguó la abstención de CiU ante el 'tijeretazo'
La abstención de los nacionalistas catalanes, que permitió convalidar el decreto contra el déficit en el Congreso, se tomó la noche anterior a la votación tras un arduo debate interno.
Redacción
La abstención de CiU ante el decreto ley del Gobierno para reducir el déficit, que ayer permitió su convalidación, se decidió la noche anterior a la votación después de varios días de debate interno en que hubo incluso voces a favor de ''castigar'' a los socialistas, tanto por la gestión económica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como por la actuación del PSC en Cataluña.
El secretario general de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, ya dijo casi desde el primer momento que los nacionalistas, aun discrepando de buena parte de los recortes anunciados por el Gobierno, tendrían difícil votar en contra de una medida que había sido respaldada públicamente por la Unión Europea y los organismos internacionales.
Duran, que ha mantenido línea abierta con el presidente Zapatero y la vicepresidenta Elena Salgado, sabía que a Moncloa le preocupaba la votación de ayer y que deseaba que el decreto no se tramitase como proyecto de ley, dado el mensaje de debilidad que se trasladaría a Europa.
Según informaron a Europa Press fuentes nacionalistas, a lo largo de estas dos semanas, CiU ha debatido internamente, tanto en Barcelona como en el grupo parlamentario de Madrid, cuál debía ser su voto ante la convalidación y ante la tramitación del decreto. Se reflejaron distintas posiciones y sensibilidades tanto en Convergencia como en Unió, y ni siquiera había una posición única en cada uno de los dos partidos de la federación.
Ha habido voces que abogaban por votar en contra, como finalmente hizo el PNV, para dar un aviso al PSC, a quien reprochan maniobras como la comisión de investigación contra CiU por el caso Palau, y para dejar en evidencia la política económica del Gobierno socialista, que todos en CiU coinciden en criticar.
Frente a estos dirigentes, otros insistían en que lo que ayer se jugaba no solo era el futuro de Zapatero, sino la credibilidad de España ante los foros internacionales. Además, alertaban de la posibilidad de que un adelanto electoral en Madrid provocase la convocatoria de las elecciones a Cortes junto con las catalanas, y en ese contexto tendría más que ganar el PSC, que tradicionalmente recibe más votos en los comicios generales que en los autonómicos.
Algunos planteaban también apoyar la tramitación del decreto ley como proyecto, de tal forma que en las Cortes se tratase de corregir los asuntos más delicados, como la congelación de las pensiones. Otros, en cambio, argumentaron que la tramitación parlamentaria del decreto no iba a garantizar que se diera la vuelta a todas sus medidas y encima acabaría dando la sensación de que todo el Congreso, y no solo el PSOE, asumía la paternidad del recorte.
Finalmente se impuso la posición de abstención por responsabilidad, y ayer mismo fue expresada públicamente tanto por Artur Mas, en entrevista en los medios de comunicación, como por Duran desde la tribuna del Congreso.
Los Presupuestos, la última reválida de Zapatero
Durante la convalidación ayer de las medidas antidéficit, todos los grupos parlamentarias mostraron su oposición a la política económica del Gobierno, quedando patente la soledad del PSOE.
Así, el trámite en otoño de los Presupuestos Generales del Estado puede presentarse como la última reválida a la política de Zapatero, con lo que un rechazo mayoritario del Parlamento podría desembocar en unas elecciones anticipadas, tal y como ocurriera durante la etapa de Felipe González.
Y como un primer anticipo a la ardua tramitación parlamentaria que espera este año a los PGE, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran y Lleida, ya pidió ayer la dimisión del presidente antes del debate presupuestario y le adelantó que los Prepuestos del año próximo no contarán con el apoyo de su grupo.
En el caso de que el Congreso rechazara finalmente el Presupuesto, el Gobierno se vería obligado a prorrogar el del año anterior, aunque esto solo ha ocurrido una vez en todo el periodo democrático.