Condenas de hasta 12 años por Fórum Filatélico, el 'paradigma de las estafas'

Doce años después de la intervención judicial de la compañía, la Audiencia Nacional ha escrito un nuevo capítulo en la historia de Fórum Filatélico, condenando a su expresidente Francisco Briones, a 12 años y cuatro meses de prisión como principal autor del "paradigma de las estafas piramidales".

La sección primera de la sala de lo Penal, que castiga a 20 de los 27 acusados, le impone además un severo correctivo económico, multa de casi 50 millones de euros y el deber de resarcir con más de 3.700 millones de euros a los 190.022 titulares reconocidos por la administración concursal.

Cuantía de la que habrá de responder solidariamente el que fuera asesor jurídico de Fórum, Juan Ramón González (seis años y tres meses de cárcel como cómplice) por diseñar y redactar los contratos de captación de ahorro e inversión de los clientes y "encubrir la realidad económica" del negocio.

En sus 200 páginas de sentencia, la sala considera que la filatélica desarrolló entre 1998 y 2006 una captación masiva de dinero de pequeños ahorradores, "que seguían los consejos de los activos agentes de la compañía, profesionales convencidos de la seriedad de la organización (...) hasta hacer caer a familiares y amigos en la red especulativa tejida alrededor del sello".

Mediante la publicidad de sus productos, en la que apelaban a la revalorización "constante y sostenida" de unos sellos "sobreestimados", Fórum construyó un "mercado cerrado, ajeno al del coleccionismo" amparándose en una filatelia de más de 121 millones de piezas con "escaso valor".

De este modo, la sociedad sólo era capaz de mantener la actividad reteniendo a los inversores y captando a otros nuevos, añade el tribunal presidido por la juez Manuela Fernández, que reitera "la complejidad y perfección" de esta dinámica.

Solo así la "estructura piramidal y la insolvencia" de la filatélica "no fue detectada por organismos y agentes públicos de control, inspección" y regulación como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cuya competencia en este caso fue discutida durante el juicio.

De este negocio responsabiliza a Briones, que aportó "su energía, esfuerzo y habilidades para captar dinero y seducir clientes", con la motivación de "lucrarse y obtener un beneficio" de los fondos.

Para "desviar" estos caudales, Fórum contaba con una estructura "clandestina", basada en sociedades pantalla con vínculos en paraísos fiscales, una red que dirigía Carlos Llorca, actualmente en rebeldía y contra el que también se dirige el proceso.

A fin de crear imagen de solidez y aparentar la existencia de beneficios, los administradores elaboraban sus cuentas anuales ocultando las obligaciones de recompra, un modelo "que funcionó de manera eficaz" y del que no advirtieron los auditores externos José Carrera y Rafael Ruiz, condenados a dos años y doce meses de prisión, respectivamente, como cooperadores.

En este entramado, los magistrados encuentran también culpables al ex director general de Fórum Antonio Merino (dos años y tres meses de prisión y multa de 15,9 millones como cómplice de estafa, insolvencia y blanqueo) y a la secretaria del presidente, Belén Gómez (cuatro años).

Del resto, para los que dictan penas de entre tres años y medio y seis meses de cárcel, destacan las multas de 63,5 y 51,1 millones de euros a Reinhard Lothar y Pamela Randall, respectivamente, por su relación con las sociedades empleadas por Llorca para blanquear.

Fueron absueltos, en cambio, los consejeros Miguel Ángel Hijón, Francisco José López Gilarte, Agustín Fernández y Juan Maciá, y otras tres personas, al no haberse demostrado que intervinieran en la toma de decisiones.

La sentencia, que acuerda el decomiso de numerosas fincas y cuentas bancarias y que puede ser recurrida ante el Supremo, ya está siendo analizada por las partes, incluida la Fiscalía Anticorrupción, que en los próximos días estudiará si solicita o no una vistilla para el ingreso en prisión de Briones.

La asociación Adicae, que pedía para él hasta 27 años de cárcel como acusación particular, ha calificado de "fracaso total" el fallo, y ha anunciado que interpondrá una demanda de responsabilidad patrimonial contra el Estado después del verano de no prosperar la solución política aprobada por los grupos parlamentarios para compensar a los afectados.