Economía -

Juicio por el 'caso De Miguel'

Julián Sánchez asegura que las acusaciones en su contra son 'una fabulación'

La Fiscalía pide 17 años de cárcel para el que fuera presidente de la Red de Parques Tecnológicos por su presunta participación el trama de corrupción dedicada al cobro de comisiones.

Los principales acusados, Aitor Telleria y Alfredo de Miguel. Foto de archivo: EiTB
Los principales acusados, Aitor Telleria y Alfredo de Miguel. Foto de archivo: EiTB
Los principales acusados, Aitor Telleria y Alfredo de Miguel. Foto de archivo: EiTB

AGENCIAS | REDACCIÓN

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Euskaraz irakurri: Julian Sanchezek esan du bere kontrako akusazioak 'asmakizunak' direla

El expresidente de la Red de Parques Tecnológicos del País Vasco, Julián Sánchez Alegría, ha remarcado hoy que emplazó a la abogada Ainhoa Alberdi a denunciar ante los tribunales la presunta extorsión de la que estaba siendo objeto por parte del exdirigente del PNV alavés Alfredo de Miguel.

Sánchez Alegría es uno de los 26 acusados en el juicio que se sigue en la Audiencia de Álava contra una presunta trama corrupta dedicada al cobro de comisiones por la adjudicación de contratos públicos en los que están imputados varios exdirigentes del PNV alavés, entre ellos De Miguel.

El que fuera presidente de esta red entre noviembre de 2005 y julio de 2009 se enfrenta en este caso a una petición de 17 años de cárcel por parte de la Fiscalía en relación con las supuestas irregularidades cometidas en la ampliación del Parque Tecnológico de Álava (PTA).

En concreto por un contrato adjudicado en 2006 a Urbanorma Consulting, la sociedad de Alberdi, quien fue la que en 2009 destapó esta presunta trama al denunciar ante la Fiscalía que De Miguel, que entonces era diputado foral y estaba en el consejo de administración del PTA, le estaba pidiendo una comisión de 100.000 euros por esa adjudicación.

Sánchez Alegría, que solo ha respondido a su abogado y a preguntas hechas por el tribunal, ha confirmado que a principios de 2009 Alberdi se reunió con él y le contó que De Miguel le estaba reclamando una comisión por ese contrato. También que le mostró un "escueto" correo electrónico en el que aparecía una "cantidad".

Ha subrayado que emplazó entonces a Alberdi a ir a los tribunales si era verdad lo que decía. También que le indicó que se iba a preocupar personalmente de que "ningún euro" de ese contrato se pudiera derivar a un "fin ilícito" y que iba a supervisar la ejecución de ese trabajo.

Ha calificado de "absolutamente falso" que tras esa conversación él avisara a De Miguel para que fuera "más discreto" en sus acciones, tal y como ha mantenido la Fiscalía. Eso es "rotundamente falso", "me indigna" esa "fabulación", ha remarcado Sánchez Alegría.

Ha explicado que informó del contenido de su conversación con Alberdi a su superior jerárquico, el entonces director general de la Spri, Mauricio Lazkano; y al gerente del PTA, Alfonso Arriola, también acusado en este caso.

Preguntado si podría haber hecho algo más, Sánchez Alegría ha asegurado que no porque en otra conversación posterior Alberdi le comunicó que la presunta extorsión había "cesado".

En la vista de hoy también ha declarado Arriola, que fue gerente del PTA entre 2006 y 2009 y se enfrenta a una petición de 21 años de cárcel.

Ha confirmado que Sánchez Alegría le relató la conversación que tuvo con Alberdi sobre la supuesta extorsión y que se "quedó de piedra".

Ha indicado que no dio "credibilidad" a lo dicho por la abogada y que entendió que debía ser "un malentendido" porque le costaba pensar que un diputado foral pudiera pedir por escrito dinero por un contrato.

También ha asegurado que mantuvo ante Sánchez Alegría que debían seguir trabajando con Alberdi, proteger sus derechos y decirle que si quería denunciarlo no había ningún problema.

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