Economía -
Encuesta
El 88,8 % de los vascos apoya retirar ayudas a quien rechace un empleo
El 97 % de los vascos apoya que los perceptores de la RGI demuestren voluntad de incorporarse a un empleo, según una encuesta presentada por hoy el Ejecutivo autónomo.
Redacción
El 88,8 % de los vascos considera que el perceptor de ayuda social capacitado para trabajar que rechace una oferta de empleo adecuada o falte a un curso de formación debería perder su prestación, según una encuesta elaborada por el Gobierno vasco sobre la modificación de la Ley de Garantía de Ingresos (RGI). La consejera vasca de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, ha presentado hoy en Bilbao los resultados del sondeo citado, realizado entre el 6 y 12 de septiembre a un total de 1.003 ciudadanos de los tres territorios vascos. Precisamente, el 12 de septiembre el PSE y PP acordaron elevar las exigencias para acceder a la RGI, de forma que aquellos que lleven menos de tres años empadronados en un municipio acrediten también cinco años de vida laboral para acceder a las prestaciones -ahora basta con un año de empadronamiento- y que la prestación se retire cuando se rechace un empleo y no tres como hasta ahora. Según los datos ofrecidos, el 88 % de los consultados consideran justo que aquellos que perciben RGI hayan trabajado con anterioridad al menos cinco años y contribuido al sistema de bienestar social. El sondeo difundido también refleja que el 97 % de los vascos apoya que los perceptores de la RGI demuestren voluntad de incorporarse a un empleo. El mismo porcentaje de encuestados opina que las instituciones deben controlar el cobro de las prestaciones para evitar el fraude. El 82 % de los consultados defiende, además, que los perceptores de RGI puedan dedicar parte de su tiempo a efectuar trabajos para la comunidad. Asimismo, el 95,5 % de los vascos afirma que si se quedase sin trabajo, sin recursos y agotase el paro, le gustaría que el Gobierno vasco le concediera una ayuda social. También es mayoritaria la percepción social de que existe fraude en el cobro de las ayudas sociales -este apartado obtiene en la encuesta 4,12 puntos sobre un total de 5-, por los que la consejera ha insistido en la necesidad de "prestigiar" el sistema.