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Factura de la luz

Las eléctricas critican las medidas para rebajar la factura de la luz y las nucleares amenazan con parar

Las compañías eléctricas consideran que las medidas del Gobierno español van en su contra y el Foro Nuclear asegura que el proyecto de ley del CO2 hará imposible que las centrales nucleares sigan funcionando.

Central nuclear de Zorita (Guadalajara), en fase de desmantelamiento. Imagen de archivo: EiTB Media
Central nuclear de Zorita (Guadalajara), en fase de desmantelamiento. Imagen de archivo: EiTB Media
Central nuclear de Zorita (Guadalajara), en fase de desmantelamiento. Imagen de archivo: EiTB Media

Agencias | EITB Media

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Euskaraz irakurri: Enpresa elektrikoek prezioak jaisteko neurriak kritikatu dituzte eta nuklearrek gelditzeko mehatxua egin dute

El sector eléctrico ha rechazado las medidas del Gobierno español para rebajar la factura de la luz al considerar que van en contra de las compañías eléctricas, a la vez que las nucleares han vuelto a amenazar con parar su producción si el Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue adelante con el proyecto de ley del CO2, como ya hicieron el pasado mes de junio.

El plan presentado por la vicepresidenta Teresa Ribera, que permitirá rebajar la factura en un 22 %, prevé, entre otras actuaciones, un recorte de 2.600 millones de euros sobre los beneficios de las grandes eléctricas, la reforma fiscal de la factura y la creación de subastas de electricidad para comercializadoras independientes y grandes consumidores.

Tras conocer las medidas, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) ha pedido al Gobierno español que busque soluciones "verdaderamente eficaces" que protejan a los consumidores de la tarifa regulada o PVPC, además de volver a señalar al gas como principal responsable del aumento del precio de la electricidad en el mercado mayorista.

La patronal de las eléctricas ha criticado que se castigue de manera injusta al sector, y califica de "desacertada" la actuación para recortar los posibles beneficios extraordinarios que obtienen las centrales de generación hidráulica y nuclear en el mercado eléctrico como consecuencia de los altos precios del gas.

En este sentido, Aelec entiende que la medida tiene un enorme impacto en la estabilidad de un sector que ni es responsable de esta situación ni se está beneficiando de ella, y critica que se obligue también a las eléctricas a subastar energía, como ya se hizo en 2007, cuando está demostrado que no sirve para bajar los precios.

Por ello, vuelven a pedir una reformar de la tarifa regulada para evitar la exposición de los consumidores a la volatilidad del mercado, eliminar de la factura aquellos componentes que nada tienen que ver con la producción eléctrica y su transporte y distribución y llevar a cabo una reforma fiscal.

Por su parte, el Foro Nuclear ha asegurado que las centrales nucleares se verán obligadas a parar su producción si el Gobierno español aprueba el proyecto de ley que regula el dividendo del CO2, por el cual se reducen los beneficios que obtienen las plantas de esta tecnología al no emitir dióxido de carbono.

Además, en un comunicado, la patronal del sector nuclear ha lamentado que las nuevas medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para rebajar la factura eléctrica, pese a ser de aplicación temporal, "ahondan aún más en la penalización a la generación eléctrica de origen nuclear".

Según el Foro Nuclear, el proyecto de ley del CO2, que persigue minorar los beneficios de centrales eléctricas hidráulicas, nucleares y eólicas de antes de 2003 para rebajar la factura de la luz, en los términos en los que está planteado, unido a la "excesiva presión fiscal" que sufre el sector, hará imposible que las centrales nucleares españolas sigan funcionando.

Diversos cargos de Podemos han cargado contra el "chantaje" y la "amenaza" que, a su juicio, vierten las empresas eléctricas.La propia secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha calificado de "comportamiento antidemocrático inaceptable" esa reacción.

A juicio del coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, esta postura supone declarar "la guerra al Gobierno y a toda la ciudadanía", lo que constituye "un chantaje inaceptable que no se daría si en España existiese una empresa pública de energía".

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