Los soldados de EE. UU. 'distinguieron con total claridad' a Couso

El personal que manejaba el tanque desde el que se disparó al cámara de televisión José Couso el 8 de abril de 2003 "pudo apreciar con total claridad a los individuos que estaban en el Hotel Palestina y los objetos que portaban", según los peritos designados por el juez Santiago Pedraz.

Esta es la principal conclusión obtenida por un equipo de la asociación de peritos colaboradores con la Administración de justicia de la Comunidad de Madrid tras analizar los datos obtenidos y la información aportada por el juez de la Audiencia Nacional, que&' || 'nbsp; el pasado enero viajó a Bagdad (Irak) para investigar in situ las circunstancias que rodearon la muerte de Couso.

Según la investigación, las imágenes obtenidas el 28 de enero por la comisión judicial que se desplazó a Irak "son bastante inferiores a las obtenidas con los elementos de visión del carro de combate ABRAMS M1 A1", desde el que se efectuaron los disparos que mataron a Couso.

Creen los peritos que "la imagen vista por el personal que tripulaba el tanque" debía tener "entre 600 y 400 centímetros", lo que les lleva a concluir que eran capaces de distinguir "con total claridad" a las personas que se encontraban asomadas a las ventanas o balcones del Hotel Palestina.

Couso murió cuando tomaba imágenes desde el hotel Palestina. El cámara fue alcanzado por los disparos de un tanque de las fuerzas de Estados Unidos, que causaron también la muerte del reportero de la agencia Reuters Taras Protsyuk.

Pedraz asumió la investigación de su muerte en 2005 y desde entonces ha ordenado en tres ocasiones la búsqueda y captura de los tres militares estadounidenses -Philip de Camp, Philip Wolford y Thomas Gibson-, a los que imputa un delito contra la comunidad internacional en concurso con uno de homicidio.

La Audiencia Nacional revocó el procesamiento de los soldados en dos ocasiones, en mayo de 2008 y en julio de 2009. En julio de 2010 los documentos filtrados de Wikileaks revelaron que la embajada estadounidense había ejercido presiones sobre el Gobierno español para archivar el caso.