Ecuador decreta el estado de excepción por las protestas contra las reformas

Lenín Moreno, el presidente de Ecuador, ha decretado el estado de excepción en todo el país para "garantizar el orden, la tranquilidad y la seguridad" frente al "caos" que se estaría generando por la ola de protestas desatada en contra del último paquete de reformas económicas, que plantea la eliminación de las ayudas al consumo de combustible y la liberalizacion de precios.

Moreno ha denunciado en un discurso público los "focos de violencia" creados en el marco de las movilizaciones, que "pretenden desestabilizar el Gobierno". "Debemos abandonar esa costumbre que linda con lo miserable de tratar de imponer criterios", ha advertido el mandatario, que ha considerado necesario actuar para garantizar derechos básicos de la ciudadanía.

El presidente de Ecuador ha tendido la mano al "diálogo" para resolver posibles suspicacias, pero ha dejado claro que "no existe posibilidad de cambiar" el paquete de medidas anunciado. El Gobierno calcula que, solo con el subsidio, el Estado se ahorrará al año unos 1.500 millones de dólares.

Por su parte, Oswaldo Jarrín el ministro de Defensa,, ha subrayado la necesidad de actuar contra las actividades que "distorsionen el orden y la paz social", de tal forma que tanto la Policía y las Fuerzas Armadas estarían capacitados para adoptar las acciones que se consideren oportunas.

Las protestas están encabezadas por el sector del transporte, pero a ellas también se han sumado varios sindicatos, grupos estudiantiles y movimientos. La movilización ha provocado cortes de carreteras y bloqueos en Quito y en Guayaquil, con momentos de tensión en la capital cuando un grupo de manifestantes ha intentado avanzar hacia la sede del Gobierno.

La medida estará en vigor durante un plazo inicial de 60 días. Por el momento han sido detenidas al menos 19 personas, y el mandatario  ha recordado que "paralizar servicios públicos está prohibido por la Constitución y está penado por el Código Penal", por lo que ha dejado abierta la posibilidad de adoptar medidas contra los responsables de altercados.