El CGPJ cuestiona la constitucionalidad de la reforma de Gallardón

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado un informe que expresa "amplísimas" dudas sobre la constitucionalidad de la reforma del Código Penal que ha propuesto el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, un dictamen no vinculante para el Gobierno.

La portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Gabriela Bravo ha expuesto en rueda de prensa tanto la prisión permanente revisable como la custodia permanente, tal y como las formula el anteproyecto del Gobierno, suscitan "amplísimas dudas de constitucionalidad".

En el caso de la prisión permanente revisable, que sí es compatible, según el informe, con el fin de reinserción previsto por la Constitución, la inconstitucionalidad surge porque supone una ampliación de la pena que no está definida en la ley.

De este modo, según la propuesta de Gallardón, la aplicación o no de la prisión permanente revisable se hace depender de factores discrecionales, mientras que el principio de legalidad impone que las penas sean iguales por los mismos hechos para cualquier condenado, al margen de otros factores.

Así, el consejo considera que "la técnica empleada por el legislador oculta que se trata de una prisión a perpetuidad", pues supone prolongar el encarcelamiento en hasta 10 años, una figura que no existe en nuestra legislación, es decir, en nuestro catálogo de penas.

En cuanto a la custodia de seguridad, el CGPJ entiende que mediante esta técnica se alarga la prisión mediante previsiones no constitucionales.

Así, el informe señala que al cumplir la custodia de seguridad en un centro penitenciario se le impone al reo una prolongación de la prisión más allá de lo que su sentencia preveía, y ello en función de un "futurible", según los términos empleados por Bravo, como es la peligrosidad.