Política -
Consejo de Gobierno
Miembros del Gobierno Vasco deberán firmar un código de conducta
Deberán firmar todos los miembros del Ejecutivo, los altos cargos, el personal eventual y de confianza del Gobierno y de sociedades públicas, lo que podría afectar a aproximadamente 200 personas.
Redacción
El Gobierno vasco ha aprobado un código ético y de conducta que deberán firmarán todos los miembros del Ejecutivo, los altos cargos, el personal eventual y de confianza del Ejecutivo y de sociedades públicas, lo que podría afectar a aproximadamente 200 personas.
En la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno, el portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, que ha señalado que quien no se adhiera será cesado, ha explicado que es un código "novedoso y avanzado" en relación al resto del Estado.
Su objetivo es promover la ejemplaridad de las actuaciones de la administración. Tras indicar que no es una "meta final", ha señalado que pretenden que la mejora progresiva de los estándares de conducta sean "una realidad". "El código es exigente y es un código abierto a desarrollos posteriores", ha afirmado. En el caso de incumplimiento del código, una comisión de seguimiento planteará la destitución de la persona afectada.
Según ha explicado Erkoreka, los firmantes asumen el compromiso de dimitir en caso de incumplimiento de los estándares mínimos de conducta.
El documento incluye, además, un riguroso sistema de supervisión de manera que su incumplimiento será inmediatamente puesto en conocimiento de la “Comisión de Ética Pública” que propondrá el cese inmediato, el traslado al órgano competente o incluso a la fiscalía, de los casos más graves.
Entre otras cuestiones, las personas firmantes devolverán los regalos recibidos que excedan la cortesía, no aceptarán viajes que no entren dentro de sus estrictas funciones públicas, ni cobrarán por su participación como cargo público en charlas, conferencias o actividades.
Por otro lado, Erkoreka ha afirmado que esperan que el "esfuerzo" de Euskadi para cumplir el objetivo del déficit se "recompense" en el marco bilateral establecido entre el Estado y la Comunidad autónoma vasca y que no haya "interferencias de debates ajenos".