El Parlamento navarro paraliza los despidos en las empresas públicas

El Parlamento foral, con el rechazo de UPN y PPN, ha aprobado una Ley foral que paraliza los despidos que se lleven a cabo en las empresas integradas en la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), pese a los informes que advierten de una posible inconstitucionalidad en esta norma.

La proposición de Ley foral, presentada y apoyada por PSN, Bildu, Aralar, I-E y Geroa Bai, frena la reestructuración planteada por el Gobierno foral para sus empresas públicas al modificar la ley de creación de la CPEN y obligar a la autorización previa de la Cámara para operaciones sobre las participaciones en sociedades públicas.

Requerirán además autorización previa del Parlamento las operaciones de fusión, escisión, transformación, disolución, liquidación y cualquier otra operación de reestructuración de estas empresas; y la presentación de expedientes de regulación y planes de reestructuración de plantillas que afecten a más del 10% de los empleados de una sociedad pública.

Una disposición transitoria establece que esta autorización de la Cámara será necesaria para cualquier operación de ese tipo iniciada desde el 1 de enero de 2013. La nueva norma afectaría a la reestructuración de la mayoría de plantillas planteada en mayo por el Gobierno de Navarra para las empresas integradas en la CPEN, que es el objetivo de la oposición.

El PPN ha presentado y ha visto rechazadas cuatro enmiendas de supresión, con las que pretendía dejar sin efecto la propuesta por invadir competencias del Ejecutivo foral. En el turno del Gobierno, la propia presidenta, Yolanda Barcina, ha mostrado su "absoluta disconformidad" con lo aprobado.

En contestación, por el PSN Samuel Caro ha propuesto a Barcina la retirada del plan de reestructuración de la CPEN para no apoyar esta ley, cuyo incumplimiento por el Gobierno supondrá "prevaricación".

En la misma línea, por Bildu, Maiorga Ramirez ha culpado a UPN de haber generado "unos pufos" en las empresas públicas que han llevado a la situación actual y ha abogado porque sea el Parlamento, "el foro depositario de la soberanía navarra" y con "perfecta competencia", el que lo palíe.

Patxi Zabaleta, de NaBai, quien ha cuestionado la "injustificada repentina preocupación" de Barcina por la inconstitucionalidad, ha defendido una "ley humilde, justa y clara", que busca que las empresas públicas "dejen de ser un coto reservado y oscurantista.

Por su parte, José Miguel Nuin (I-E) se ha dicho convencido de que "la única anormalidad" aquí es la minoría del Gobierno, con "empeño en desmantelar el sector público empresarial, que actúa de forma unilateral mediante hechos consumados y sin acatar los acuerdos del Parlamento", ha dicho para "exigir" la retirada del plan para la CPEN.

En contra, por UPN Carlos García Adanero, quien ha asegurado que "el mayor destructor de empleo es Bildu en Gipuzkoa", ha abogado por "garantizar el futuro de las empresas públicas y dar una seguridad jurídica a los trabajadores" con los planes del Gobierno, y ha aludido a la ilegalidad de modificar una ley de mayoría absoluta mediante mayoría simple.

La portavoz del PPN, Ana Beltrán ha rechazado una ley "irregular, arbitraria e injusta", ha pedido su retirada para evitar "dar un pésimo ejemplo" a la democracia, y ha abogado por un sector público "sostenible", por lo que el plan del Gobierno para la CPEN es "inevitable y obligatorio".