La Audiencia rechaza excluir a la acusación particular contra Fabra

La primera jornada del juicio al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra por tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal se ha desarrollado sin declaraciones de los imputados y con la decisión de la Audiencia de mantener a la Unión de Consumidores (UCE) como acusación particular.

Las defensas de los imputados, entre ellos Carlos Fabra, que se enfrenta a una petición de 13 años de prisión, habían pedido la exclusión de la UCE como acusación particular, petición rechazada por la sección primera de la Audiencia de Castellón.

En la causa, en la que también están imputados la exesposa de Fabra, Amparo Fernández; el empresario que denunció a Fabra, Vicente Vilar; su exmujer Montserrat Vives y el exsenador del PP Miguel Prim, Anticorrupción y la acusación particular acusan a Fabra de aprovechar su cargo para mediar ante instituciones para obtener licencias para los productos que fabricaba la empresa de Vilar.

El tribunal ha aceptado incluir como prueba la grabación del juicio celebrado el pasado mes de mayo en el Juzgado de Nules (Castellón) en el que Vicente Vilar fue condenado a un año y cinco meses de prisión por falsificar documentación para obtener los permisos para comercializar productos fitosanitarios.

La sesión se ha levantado a primeras horas de esta tarde tras el análisis de las consideraciones previas y para que se facilite a las partes una copia de la memoria USB que contiene la grabación del  juicio de Vilar, y se reanudará mañana con la declaración de Fabra.

 

El 'Caso Fabra'

La Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular de la Unión de Consumidores (UCE) piden para Fabra 13 años de prisión por un delito continuado de tráfico de influencias, un delito continuado de cohecho y cuatro delitos de fraude fiscal por los que se solicita una multa de 1,98 millones de euros, además de una indemnización a Hacienda de 693.074 euros.

En la causa, conocida como "caso Fabra" o "caso Naranjax", también están imputados la exesposa de Fabra, Amparo Fernández, el empresario que denunció a Fabra, Vicente Vilar, su exmujer Montserrat Vives y el exsenador del PP Miguel Prim.

Anticorrupción y la acusación particular acusan a Fabra de haber aprovechado su cargo público para mediar ante instituciones públicas para la obtención de licencias para los productos fitosanitarios que fabricaba la empresa Naranjax, propiedad de Vicente Vilar.

A cambio, según la acusación, Fabra habría cobrado de Vilar cantidades de dinero, habría ocultado a Hacienda ingresos de 1,9 millones de euros y su exesposa de 1,47 millones de euros.

Durante los años de instrucción, Carlos Fabra continuó al frente de la Diputación y del PP provincial de Castellón hasta que en julio de 2012 dejó su cargo en el Partido Popular, que había desempeñado durante 22 años.

Un año antes había dejado la presidencia de la Diputación y manifestó hacerlo "tremendamente feliz" y sin "ninguna reserva mental" para irse, porque se fue cuando quiso, afirmó, y "con el respaldo" de sus compañeros "y de la gente".

Carlos Fabra siempre ha defendido su inocencia y ha criticado duramente las numerosas voces que han pedido su dimisión durante todos estos años.

En las declaraciones previstas para hoy, miércoles, jueves y sábado, declararán los cinco acusados y durante las siguientes sesiones declararán en calidad de testigos y de peritos 70 personas, en una vista oral que se prolongará durante doce sesiones repartidas en el mes de octubre.