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Cataluña

Cataluña afirma que el Estado le debe 9.300 millones de euros

El Gobierno de Cataluña ha presentado un informe sobre "deslealtades" del Estado hacia la comunidad autónoma.

Francesc Homs. Imagen de archivo
Francesc Homs. Imagen de archivo
Francesc Homs. Imagen de archivo

Redacción

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La Generalitat ha presentado hoy un informe sobre "deslealtades" del Estado hacia la comunidad autónoma. En opinión del Gobierno catalán, debido a los incumplimientos del Gobierno central, el Estado debe a Cataluña un total de 9.375,7 millones de euros.

Francesc Homs, conseller de la Presidencia y portavoz del Govern, ha presentado hoy el informe "La deslealtad del Estado respecto a Cataluña" en el que se analizan las "deslealtades" del Estado en varios ámbitos, como la cultura y lengua catalana, la conflictividad institucional o el modelo de financiación. Homs ha afirmado que enviará el informe al Gobierno central.

"Esperamos que se analice, que se cumpla y si no se comparte, que se diga", ha dicho Homs, quien ha defendido el estudio como un "ejercicio de transparencia" que, en el diagnóstico de las relaciones entre ambos ejecutivos, "no nos da miedo hacer".

Preguntado por si este informe puede acabar en un "choque de trenes" entre Estado y Generalitat, Homs ha levantado el estudio asegurando que "esto es un tren que ha pasado por encima". Ha alertado, además, de que las deslealtades se han “cronificado”.

"Nos dicen que el diálogo se debe hacer desde el cumplimiento de la ley, pues que empiecen", ha espetado el portavoz, quien ha acusado al Gobierno central de "incumplir de forma sistemática sus propias leyes" y vulnerar el "principio de lealtad institucional" con la Generalitat.

9.375,7 millones de euros

La Generalitat, que no descarta trasladar este informe a agentes internacionales, cuantifica en 9.375,7 millones la cifra con la que, según Homs, "el Estado cumpliría la ley" si se abonara al Govern, aunque no ha concretado desde cuándo se inician estas deudas.

La cifra de 9.375,7 millones incluye 5.748 millones de inversiones en infraestructuras, 672,6 millones de reducción de ingresos finalistas procedentes del Estado, 1.715,2 millones de medidas estatales que suponen incrementos del gasto y 1.239,9 millones de medidas estatales que suponen un descenso de ingresos.

El informe también critica el reparto del déficit y alerta del incumplimiento "sistemático" del llamado principio de ordinalidad. Denuncia, asimismo, las decisiones del Estado orientadas a "menospreciar" la lengua catalana o la cultura

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