Los primeros procesados niegan tener relación con ETA

El macrojuicio del sumario 35/02 contra la izquierda abertzale, conocido como el de las 'Herriko Tabernas', ha dado inicio esta mañana a las declaraciones de los 36 procesados, una vez resueltas las cuestiones previas.

Los primeros en declarar, Idoia Arbelaitz, Vicente Enekotegi, Jon Gorrotxategi y Rufi Etxeberria, han negado su relación con ETA y que las 'Herriko Tabernas' financiaban a HB, EH o Batasuna.

Rufi Etxeberria

El histórico dirigente de la ilegalizada Batasuna Rufi Etxeberria ha afirmado que "en absoluto" ha formado parte de ETA ni ha recibido instrucciones suyas, y que no ha tenido "ninguna" intervención en el cobro del impuesto revolucionario.

El histórico dirigente ha negado tajantemente haber colaborado nunca con ETA ni haber ejercido labores de control en representación de la banda en la mesa nacional de Batasuna.

Respecto a las herriko tabernas, Etxeberria ha afirmado que "no eran sedes sociales de Herri Batasuna", sino "unos instrumentos sociales, locales de cada pueblo con los que Herri Batasuna mantenía relaciones".

"¿Obedecía a las instrucciones y directrices de la organización terrorista?", le ha preguntado su abogado en referencia a la mesa nacional de Batasuna, a lo que ha contestado: "Nosotros siempre hemos funcionado por criterios propios, hemos formado parte de una dirección política que ha debatido y decidido en todo momento".

Jon Gorrotxategi

Por su parte, Jon Gorrotxategi ha asegurado que nunca ha formado parte de ETA ni se ha reunido con nadie de la organización sabiendo que lo era, y ha relatado que en su cargo gestionaba las subvenciones al partido, que según ha dicho eran prácticamente todas de carácter institucional y ninguna de empresarios.

El acusado ha negado que las herriko tabernas financiaran a Batasuna, pero ha reconocido que había una relación "fluida" con ellas "en calidad de usuarios de los locales".

Idoia Arbelaiz, que fue concejal de Herri Batasuna en Errenteria, ha negado haber sido coordinadora de los bares y ha afirmado que "nunca" ha tenido ningún contacto con ETA ni ha recibido ninguna directriz de la organización.

Cuestiones previas

Durante las cuestiones previas, la Audiencia Nacional ha permitido ausentarse de varias jornadas del juicio a seis acusados que han alegado sufrir enfermedad o tienen que hacerse cargo de hijos de corta edad o de una madre incapacitada.

Eso sí, deberán acudir el día de su declaración y el día en que concluya la vista para poder hacer uso del turno de última palabra.

En concreto, el tribunal ha excusado a Jasone Manterola y Esther Agirre para cuidar de familiares, y a José Luis Franco, Vicente Enekotegi, Juan Carlos Rodríguez y Andrés Larrea por enfermedad.

Los médicos forenses han examinado a primera hora de la mañana a estos procesados y aunque la gravedad de sus dolencias no es igual, han emitido una "recomendación genérica para evitar que estén en todas las sesiones", según ha informado el presidente del tribunal.

Prescripción del delito

Por otra parte, el tribunal dará a conocer el lunes su decisión sobre la prescripción del delito de pertenencia a ETA que se imputa a otros dos acusados, Josu Iraeta y José Antonio Egido, tal y como pidieron sus abogados. La Fiscalía dio su visto bueno, aunque las acusaciones populares se opusieron a esta solicitud.

Las defensas alegaron que, siguiendo la tesis de la Fiscalía, ambos se desvincularon de estas actividades al dejar de ser miembros de la Mesa Nacional de HB en 1992. La investigación por este caso se inició en 2002, por lo que habrían transcurrido diez años y el delito estaría prescrito.

Por otra parte, el tribunal ha admitido la petición del fiscal para que declaren durante la vista oral varios policías que practicaron las vigilancias de las citas que mantenía la Mesa Nacional de Batasuna.

El juicio, 11 años después

Los 36 miembros HB, EH y Batasuna se enfrentan a penas de entre 8 y 12 años de cárcel acusados de pertenencia o colaboración con organización terrorista, mientras que 110 'herriko tabernas' han sido declaradas responsables civiles subsidiarias.

El juicio ha comenzado, más de 11 años después del comienzo de la investigación, iniciada tras la detención, en abril de 2002, de una

decena de personas acusadas de desarrollar un plan de financiación ideado por ETA a través de los locales.