Agilizarán embargos a miembros de ETA con deudas con el Estado

El Gobierno quiere investigar el patrimonio y embargar y cobrar directamente, en colaboración con la Agencia Tributaria, las deudas que tengan con el Estado los miembros de ETA excarcelados por la anulación de la doctrina Parot, de manera que se agilice el proceso actual, que implica el paso por los tribunales.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha hecho este anuncio tras el Consejo de Gobierno, al ser preguntada por el motivo por el que el PP votó ayer en contra de una moción de UPyD en la que se instaba a modificar la legislación para impedir que los miembros de ETA liberados cobren ayudas si no se arrepienten.

Sáenz de Santamaría ha explicado que el PP y el Gobierno quieren "dotar al Estado de los instrumentos que tiene, a través por ejemplo de la Agencia Tributaria, para poder llevar a cabo directamente investigaciones patrimoniales y embargos de bienes a las personas que tienen una deuda con el Estado''.

La vicepresidenta ha explicado que actualmente el Ejecutivo tiene que ir a los tribunales para que se autorice una investigación patrimonial y se ejecute por ejemplo un embargo. El Gobierno quiere que en estos casos el Estado "pueda directamente cobrar o embargar".

Prohibición de dar clase

La vicepresidenta también se ha referido, a preguntas de los periodistas, a una posible reforma legal para que se prohíba dar clase en la CAV y Navarra a personas que hayan cumplido condena por delitos de terrorismo.

Ha precisado que tanto el Gobierno como otras administraciones están estudiando medidas desde el punto de vista de "garantizar lo que en este tema es fundamental: la seguridad e integridad de quien recibe esa enseñanza y la garantía de que se respeten los valores democráticos dentro del ejercicio del derecho a la educación".

Fiscalías activan protocolos de prevención ante excarcelaciones

Por otro lado, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha asegurado que todas las fiscalías de España tienen indicación de activar protocolos de conexión con las fuerzas de seguridad del Estado para adoptar medidas de prevención ante las excarcelaciones derivadas de la anulación de la doctrina Parot.

Preguntado por si este protocolo supone una especie de vigilancia, el fiscal general del Estado ha respondido: "No estrictamente". Se trata de una especie de "advertencia" para que los cuerpos de seguridad "valoren" y "supervisen" las situaciones peligrosas, ha explicado.