AI: 'El Gobierno intenta limitar el derecho a la protesta pacífica'

Amnistía Internacional (AI) ha denunciado hoy el aumento de multas y de denuncias falsas presentadas por parte de la Policía contra personas que participan en manifestaciones con la intención de "limitar las protestas pacíficas de los ciudadanos".En el informe "España: El derecho a protestar, amenazado", Amnistía documenta, tras entrevistarse con una treintena de manifestantes, casos de violaciones de derechos humanos cometidos supuestamente por miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, así como la falta de investigación de estos abusos.La organización considera que "el Gobierno está utilizando todos los medios posibles para limitar por ley el derecho a la libertad de expresión y a la protesta pacífica", como la reforma prevista del Código Penal y de la Ley sobre la Protección de la Seguridad Ciudadana."La Policía actúa con total impunidad, mientras que los manifestantes pacíficos y los líderes de los movimientos sociales sufren acoso constante y son estigmatizados, golpeados y, en ocasiones, detenidos para enfrentarse a cargos penales, encarcelamiento y multas".Durante la presentación del informe, Jorge Aranda ha explicado que fue detenido el 1 de marzo de 2013 por la Policía, que le denunció por intentar agredir al entonces consejero de salud madrileño Javier Fernández-Lasquetty, durante una protesta contra la privatización de la sanidad, que quedó archivada por la juez tras visionar una grabación y determinar que "la versión policial no resultaba creíble".

Aumentan las protestas

El informe destaca el aumento de manifestaciones en toda España "como consecuencia de la crisis y el malestar generado por las medidas de austeridad aplicadas por el Gobierno" y detalla que en 2013 se celebraron más de 25.400 protestas, mientras que en 2012 hubo 14.000 manifestaciones."Estamos recibiendo muchas denuncias por uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad para dispersar manifestaciones pacíficas y de material antidisturbios como porras y proyectiles de goma que han causado lesiones injustificadas", ha señalado la autora del informe, Virginia Álvarez.