El Parlamento vasco controlará la conducta de sus cargos públicos

Los cargos dependientes de la Administración Pública Vasca deberán presentar una declaración de las actividades que realizaban los dos años previos a su nombramiento y durante los dos ejercicios posteriores a su cese en el cargo, como recoge la ley reguladora del código de conducta del cargo público y de su régimen de incompatibilidades aprobada por el Parlamento vasco.

La nueva regulación, aprobada por unanimidad, afecta al conjunto de cargos al servicio del sector público de la Comunidad Autónoma Vasca entre los que se encuentran el lehendakari, los consejeros, viceconsejeros y personal directivo, el Ararteko y su adjunto, así como los miembros del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, entre otros. Las diputaciones forales y los ayuntamientos, por su parte, se regirán por sus propias normativas, aunque en el caso de los territorios históricos sí que estarían afectados por algunos de los artículos de la ley.

En concreto, deberán presentar una declaración de las actividades que hayan realizado dos años previos a su responsabilidad pública y también la realizada los dos años posteriores a abandonar el cargo. También tendrán que presentar una declaración de todos los bienes, derechos y obligaciones patrimoniales antes de desempeñar el cargo y al abandonarlo, durante los dos años siguientes. No obstante, estos datos sobre los bienes tendrán un carácter reservado y podrán acceder al mismo los consejeros, el Parlamento vasco, los órganos judiciales así como el Ministerio Fiscal.

La parlamentaria del PNV Ana Otadui ha afirmado que esta ley "va a ayudar a recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y en la política, algo que "buena falta nos hace" y ha recordado los casos de corrupción que se han producido en los últimos años para afirmar que son "los causantes de que la credibilidad de los políticos sea nula".

La parlamentaria de EH Bildu Laura Mintegi ha agradecido, "de manera especial", el trabajo realizado por la socialista Idoia Mendia "a la hora de integrar las aportaciones y matices que queríamos introducir del resto de grupos", lo que demuestra que "es fácil alcanzar acuerdos cuando se comparte el objetivo de no dejar ningún resquicio para la corrupción o para usar el servicio público de manera inadecuada".

Idoia Mendia, por su parte, ha puesto en valor el consenso "amplio" y la "capacidad de acuerdo" con el que se consigue tener "fuerza legal para impedir que nadie busque en la política beneficios económicos". "Queremos más controles pero no poner vallas al ejercicio de la política sino que cualquier ciudadano pueda acceder a la política", ha explicado.