Vitoria pide al Tribunal de Cuentas que prosiga con la causa

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, gobernado por el PP, ha pedido hoy con los votos de todos los grupos de la oposición, PNV, Bildu y PSE-EE, que el Tribunal de Cuentas de España prosiga con la causa por el alquiler de los locales de San Antonio y abra un procedimiento de exigencia de responsabilidad contable.

El pleno del consistorio se ha reunido hoy de manera extraordinaria y urgente y ha adoptado un acuerdo plenario impulsado por todos los grupos de la oposición, que han argumentado que esta decisión es de naturaleza ejecutiva, lo que implica que lo aprobado es de obligado cumplimiento.

El PP, que se ha abstenido en la votación, ha negado que este acuerdo tenga naturaleza ejecutiva porque, según ha explicado la concejala Ainhoa Domaica, el órgano competente en este tipo de cuestiones es la Junta de Gobierno municipal no el pleno.

Con la decisión acordada hoy, la oposición quiere evitar el archivo de la causa abierta en el Tribunal de Cuentas, que ha impuesto una fianza de casi medio millón de euros al exalcalde de Vitoria-Gasteiz y actual ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, y al resto de su equipo de Gobierno de entonces, entre ellos el actual regidor, Javier Maroto, por un alquiler gravoso de los locales de la calle San Antonio.

Una vez que el Tribunal de Cuentas ha adoptado esta decisión, son las partes implicadas en el procedimiento, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, las que tienen que tomar la iniciativa de presentar o no una demanda para que se abra un procedimiento de exigencia de responsabilidad contable.

Procedimiento jurisdiccional contable

El acuerdo adoptado hoy establece que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se persone y solicite el inicio del procedimiento jurisdiccional contable en las actuaciones iniciadas en el citado organismo fiscalizador.

Además determina que el consistorio formulará pretensión de "reintegro de los daños" y el "abono de los prejuicios originados a los caudales o efectos públicos" con intereses legales desde el día en el que se entienda producido el perjuicio.

Maroto ha asegurado que no tiene "nada de lo que arrepentirse" en relación al alquiler de los locales de San Antonio, y ha acusado a la oposición de actuar por electoralismo en este asunto.