Detenido el delegado del Gobierno en Valencia, acusado de corrupción

El delegado del Gobierno español en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, ha sido detenido en el marco de una operación de la Fiscalía Anticorrupción que investiga supuestas irregularidades en adjudicaciones durante su etapa como conseller de Gobernación, según han confirmado a EFE fuentes de la investigación.

Castellano ha quedado en libertad provisional, con obligación de comparecencia ante la autoridad judicial tantas veces como sea requerido, con retirada de pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional.

Según el TSJCV, la titular del juzgado le ha tomado declaración como imputado y tras la misma ha acordado las citadas medidas, de acuerdo con la petición fiscal.

La Policía ha registrado la vivienda que Castellano posee en la localidad valenciana de Benisanó. La detención ha sido ordenada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Sagunto, que ha declarado la causa bajo secreto.

Junto con Castellano, ocho personas más han sido arrestadas, en la causa abierta por presuntos favores en adjudicaciones a una empresa para la extinción de incendios entre los años 2008 a 2010.

Esta operación surge de la investigación abierta en el Ministerio Público el pasado mes de octubre, cuyas diligencias le fueron remitidas de Fiscalía de Madrid tras una denuncia interpuesta por el exgerente de Avialsa --empresa adjudicataria de dichos contratos-- en la que alertaba de diferentes irregularidades tanto en la adjudicación como en la gestión de los contratos otorgados por parte de la conselleria dirigida por Castellano --quien también ocupó el cargo de secretario general del PPCV-- a esta mercantil entre los años 2008 a 2010.

Tras meses de investigación, Anticorrupción decidió denunciar los hechos en el juzgado al observar que los mismos podrían ser constitutivos de delito, han indicado las mismas fuentes.

En concreto, la investigación se ha centrado en los contratos adjudicados a Avialsa por parte de Castellano, cuando ocupaba el cargo de conseller de Gobernación, entre los años 2008 y 2010, para la extinción de incendios forestales, por un importe de más de 33 millones de euros. En la denuncia presentada en Madrid, se aludía a supuestos regalos efectuados por el presidente de Avialsa, Vicente Huerta, a Castellano, relacionados con cacerías de patos y perdices; y, por otro, a gestiones del exconseller para favorecer al directivo.

No es la primera vez que estos contratos con Avialsa salen a la luz, puesto que en agosto de 2013 ya se aludió en los medios de comunicación a estas adjudicaciones, y en ese momento Castellano desmintió "rotundamente" que su conselleria hubiera contratado irregularmente a la empresa Avialsa. "Todas las contrataciones que se realizan se hacen acorde a la ley, con transparencia y sin irregularidades", dijo en ese momento.