'El recurso está construido sobre pretextos y no en argumentos jurídicos'

El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, ha afirmado que el recurso a la Ley de abusos policiales interpuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy "está construido sobre pretextos" y no sobre argumentos jurídicos.

Además, ha negado que se atribuya a la Comisión de Valoración, que debe encargarse de las ayudas y medidas de reparación a estas víctimas, de competencias "que invadan la función de jueces o tribunales", porque sus atribuciones "se sitúan en un marco administrativo y no penal".

El Gobierno del PP ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la Ley vasca de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia de motivación política en el País Vasco entre 1978 y 1999, aprobada en el Parlamento Vasco el 28 de julio del año pasado con el apoyo del PNV y el PSE-EE, el voto en contra del PP y de UPyD, y la abstención de EH Bildu.

La norma vasca prevé la creación de una Comisión de Valoración que debe encargarse de analizar las solicitudes que presenten los damnificados para acogerse a las ayudas y medidas de reparación. El Ejecutivo central cree que la ley atribuye a esta comisión funciones de investigación sobre posibles hechos delictivos cometidos en el pasado que, según la Constitución, estarían reservados exclusivamente a jueces y tribunales de justicia.

"No invade competencias"

En una comparecencia ante los medios de comunicación celebrada en San Sebastián, Fernández ha afirmado que todavía no han tenido acceso al contenido del recurso del Gabinete de Rajoy, pero considera que "está construido sobre pretextos y no sobre argumentos jurídicos".

En este sentido, cree que se atribuye a la Ley "lo que no dice, para acto seguido tacharlo de inconstitucional". En todo caso, ha asegurado que la norma, no sólo no atribuye a la comisión de valoración "ninguna competencia que invada la función de jueces o tribunales, sino que excluye expresamente esta posibilidad". "Sus atribuciones se sitúan en un marco administrativo y no penal", ha aseverado.

Jonan Fernández ha manifestado que el proceso de reconocimiento de las víctimas "es administrativo, independiente al penal", y ha puntualizado que, si no fuera así, "cientos de víctimas no podrían ser reconocidas hasta que no hubiera una decisión judicial firme".

Tras afirmar que toda la ley no ha sido suspendida, ha apuntado que, al parecer, se han suspendido 10 cláusulas que afectan parcialmente a cinco artículos y a una disposición adicional. Por ello, ha anunciado que el Gobierno Vasco seguirá trabajando "con paso firme" en esta materia, desarrollando la Ley en todo aquello en lo que no está suspendida.

Además, ha asegurado que defenderán ante el Tribunal Constitucional "la seguridad jurídica y la constitucionalidad" de esta Ley e informarán, "directamente y con absoluta transparencia" a las víctimas de la situación en la cual se encuentra su tramitación en todo momento. Asimismo, ha indicado que el Ejecutivo vasco solicitará la opinión de instituciones, organizaciones y personalidades de la sociedad vasca relacionadas con la defensa de los derechos humanos y de las víctimas, así como internacionales. "La sociedad vasca terminará buscando la fórmula para reconocer a todas la víctimas", ha proclamado.

Carrera de fondo

Fernández ha destacado que la causa del reconocimiento de las víctimas de violaciones de derechos humanos es "una carrera de fondo" y, por tanto, aborda temas "muy trabajosos" en los que se está avanzando "en buena dirección", pese a que este recurso suponga "un jarro de agua fría".

También ha apuntado, en respuesta a preguntas de los periodistas, que esta no es una cuestión que pueda vincularse "a una negociación presupuestaria de un momento determinado", como la que han mantenido el PP y el PNV.

Tras mostrarse convencido de que las institucionales internacionales de defensa y reconocimiento de Derechos Humanos "no van a tener ninguna duda a la hora de responder" al recurso interpuesto por el Ejecutivo central, ha subrayado que ello supondrá "un aval importante".

El secretario general de Paz y Convivencia ha subrayado que el Gobierno Vasco continuará trabajando para que ese reconocimiento tenga un "reflejo legal". Según ha argumentado, el ejecutivo autonómico tiene a su favor "la existencia real" de esas víctimas, el "apoyo inmensamente mayoritario" de la sociedad vasca, así como la "opinión favorable de las instituciones y organizaciones internacionales de derechos humanos".