La Justicia cierra el caso de la construcción de la lonja de Pasaia

El Juzgado de Instrucción número 2 de San Sebastián ha acordado el sobreseimiento del caso de las obras de construcción de la nueva lonja pesquera del puerto de Pasaia (Gipuzkoa) al no apreciar delito.

En un auto fechado el pasado 28 de marzo, el Juzgado hace suya la tesis de la Fiscalía, y "se considera acreditado que no se ha producido desvío de dinero público".

La Autoridad Portuaria de Pasajes (APP), en un comunicado, ha celebrado la decisión y ha destacado que "se pone fin a un procedimiento que ha afectado negativamente" a su imagen.

En las diligencias previas, el Juzgado ha investigado, a instancias de una denuncia de la Fiscalía de mayo de 2016, la presunta comisión de seis delitos (prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial y mercantil, estafa, cohecho y exacciones ilegales en negociaciones prohibidas) cometidos supuestamente durante la construcción de la nueva lonja, que arrastró un sobrecoste de más de 5 millones de euros.

En calidad de investigados, el juez ha interrogado a técnicos del Puerto de Pasaia así como a miembros de la UTE (Unión Temporal de Empresas) adjudicataria de las obras de la citada lonja. Las oficinas del Puerto de Pasaia también fueron objeto de registros en junio de 2016. La propia APP se ha personado en las actuaciones y ha aportado "toda la documentación que se ha ido generando, en especial la auditoría elaborada por Puertos del Estado, y la resolución del Tribunal de Cuentas que concluyó que no se había producido perjuicio al erario público".

La APP ha indicado que en el mismo "se considera acreditado que no se ha producido desvío de dinero público", al tiempo que se constata que "se han producido irregularidades administrativas, que se consideran justificadas a la vista del interés público en no paralizar la actividad de subasta de pescado".

"Todas las cantidades abonadas por encima de lo presupuestado y adjudicado se deben a mayor obra ejecutada, y esa obra adicional responde a necesidades puestas de manifiesto durante la ejecución", ha añadido.

La APP ha indicado que con esta resolución "se pone fin a un procedimiento que ha afectado negativamente a la imagen de la Autoridad Portuaria, de las empresas constructoras y de los técnicos investigados y que no se hubiera iniciado de haberse seguido el plan de trabajo acordado —se pedía una auditoria integral para determinar responsabilidades— por el Consejo de Administración en marzo de 2016".