Política -

Tribunal de Derechos Humanos

Estrasburgo avala la ilegalización de EAE-ANV

Según la sentencia, está "suficientemente probado" por los tribunales españoles que "las listas del partido pretendían asegurar la continuidad de las actividades de Batasuna y Herri Batasuna".

Redacción

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha avalado la decisión del Tribunal Supremo de anular siete candidaturas de Eusko Abertzale Ekintza-Acción Nacionalista Vasca (EAE-ANV) a las Juntas Generales de Guipuzkoa, Álava y Bizkaia, otras 125 candidaturas municipales, así como la lista presentada a las elecciones forales de Navarra el 27 de mayo de 2007.

De este modo, Estrasburgo ha rechazado el recurso presentado por ANV contra la anulación de 133 candidaturas.

Según la sentencia, está "suficientemente probado" por los tribunales españoles que "las listas del partido demandante pretendían asegurar la continuidad de las actividades de Batasuna y Herri Batasuna" y han afirmado que eran un "fraude".

El alto tribunal europeo considera que la ilegalización previa de ésta formación política y de Herri Batasuna desemboca necesariamente en la prohibición de utilizar otro partido "para continuar sus actividades". "Este tipo de utilización se considera fraudulenta", indica la sentencia.

La resolución destaca, además, que la medida de anulación de las candidaturas "estaba prevista en el orden jurídico español". Añade que la Ley de Partidos "tenía un carácter lo suficientemente previsible y accesible", ya que se encontraba publicada en el Boletín del Estado antes de que se recurriera a ella en este caso concreto.

El tribunal destaca, entre otros elementos, la existencia de similitudes sustanciales en la estructura, la organización y el funcionamiento de ANV con los de los partidos ya ilegalizados. "La ilegalización de Batasuna habría sido inútil si sus miembros hubieran podido continuar de facto sus actividades a través de las listas.

La decisión del TEDH cuenta con los votos discrepantes de las jueces Gyulumyan y Power que defienden que la anulación de las listas atentó contra "uno de los fundamentos de una sociedad democrática" como es "la garantía del libre y equitativo desarrollo de las elecciones legislativas".

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