La Guardia Civil requisa bienes de 50 expresos

El Ministerio del Interior del Gobierno de España ha informado de que agentes de la Guardia Civil y la Audiencia Nacional están desarrollando una operación para la intervención de numerosos bienes muebles e inmuebles propiedad de más de 50 personas condenadas por diferentes delitos de terrorismo relacionados con ETA por una deuda que superaría los ocho millones de euros.

Se trata tanto de autores de atentados como de acciones de violencia callejera, según ha informado Interior, sobre quienes pende una deuda contraída con el Estado por el pago de la responsabilidad civil a la que habían sido condenados.

Interior afirma que entre los investigados se encuentran "al menos diez miembros de ETA", y que "el resto, más de 40, son responsables de acciones de violencia callejera, constitutivas también de acciones terroristas al formar parte de la estrategia diseñada" por esa organización.

Según investigaciones realizadas por la Guardia Civil durante el último año , numerosos expresos, a pesar de no haber satisfecho las deudas económicas contraídas, eran titulares de bienes o desarrollaban actividades laborales y económicas sin que realizaran acción alguna para satisfacer las referidas obligaciones.

Por ello, Interior ha explicado que se está procediendo al bloqueo y embargo de más de 45 cuentas bancarias de diferentes entidades financieras. Igualmente, se está actuando sobre una treintena de nóminas de aquellos investigados que han resultado estar asalariados. Para ello, se ha oficiado a las empresas para las que trabajan, a fin de que se les retenga la parte de la nómina que supere el salario mínimo interprofesional.

En cuanto a medios de transporte, la Guardia Civil está procediendo a retirar de la vía pública un total de cuatro vehículos, entre ellos el embargo de una autocaravana. Concretamente, EFE ha informado que la Guardia Civil se ha incautado esta mañana de un vehículo propiedad del expreso Roberto Vecino Santamaría, que estaba aparcado en Barakaldo, y también ha retirado en el boulevard de Salburua, en Vitoria-Gasteiz, una furgoneta propiedad de un expreso.

Asimismo, la Guardia Civil ha identificado 14 propiedades inmobiliarias, la mayoría de ellas viviendas de las que los investigados serían propietarios, aunque también se ha actuado sobre locales comerciales y plazas de aparcamiento.

Por ello, el Servicio Común de Ejecutorias de la Audiencia Nacional ha emitido escritos dirigidos a los respectivos registros de la propiedad para que procedan a hacer el apunte correspondiente, lo que impedirá su venta o transmisión si no se procede previamente al pago de la deuda. Las propiedades inmobiliarias se encuentran en Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, así como en la Comunidad Foral de Navarra y en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Según Interior, esta operación pone de manifiesto que, tras el fin de ETA, "seguirán trabajando para que los terroristas salden sus deudas con la Justicia, sean estas del tipo que sean, incluidas las económicas".

Por otro lado, el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, ha asegurado que la operación desarrollada hoy por la Guardia Civil "es la respuesta del Gobierno español a la desaparición de ETA".

"Quieren seguir manteniendo a la sociedad vasca anclada en el pasado, cuando lo que quiere es mirar hacia adelante. El Gobierno español quiere seguir haciendo la guerra cuando esta sociedad lo que quiere es la paz", ha dicho Rodríguez, quien ha recordado que también "hace diez años" un grupo de dirigentes de la izquierda abertzale, entre los que se encontraba él mismo, fueron detenidos "por intentar el cambio de estrategia" de esta corriente política.

"Con posterioridad, trataron por todos los medios de impedir que ETA se desarmase", ha comentado el líder de Sortu, antes de explicar que más adelante "trataron de hacer todo lo posible por impedir la propia desaparición" de ETA, como "da fe" el hecho, desconocido hasta ahora, de que "el Gobierno español hizo todo lo posible y presionó hasta el extremo al Ejecutivo suizo para que el acto que tuvo lugar en Ginebra no pudiera llevarse a cabo".

En este mismo "contexto" ha situado además "otra serie de obstáculos, provocaciones y ataques al tiempo de paz" que ahora vive Euskadi ocurridos recientemente como "las pintadas aparecidas en Hernani" con amenazas y alusiones machistas contra víctimas y cargos políticos del PSE/EE y que, en su opinión, "son claramente un acto de guerra sucia".

Por su parte, la red ciudadana Sare ha denunciado "esta actitud basada en la venganza y que mantiene la vulneración de los derechos humanos".

Además, ha llamado a toda la ciudadanía a activarse "ante esta oportunidad única para crear una sociedad en paz y en convivencia".

Sare ha afirmado que la operación policial "Zerga" evidencia que el Estado español apuesta "por la continuidad y perpetuación de la confrontación y el sufrimiento vivido hasta ahora".

"Como si nada hubiera cambiado, el Estado sigue en el pasado, dando la espalda a la mayoría de la sociedad vasca y al conjunto político y sindical, aplicando políticas de odio y venganza", ha añadido.

Denuncia que tras la declaración del 4 de mayo, "se ha abierto un nuevo tiempo en Euskal Herria para crear una sociedad basada en la convivencia y la paz", pero que el Estado "responde con actitudes inmovilistas, con más sufrimiento y profundizando en la represión."