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Justicia

Procesan a dos exalcaldes del PNV en Alonsotegi por malversación y fraude

El proceso se inició a raíz de una denuncia presentada por EH Bildu, por las supuestas irregularidades detectadas en la actividad de la sociedad urbanística Alonsotegi Eraikiz.

AGENCIAS | REDACCIÓN

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Euskaraz irakurri: Alonsotegiko bi alkate jeltzale ohi auzipetuta, dirua bidegabe erabiltzea egotzita

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Barakaldo ha decidido transformar en procedimiento judicial la causa abierta contra dos exalcaldes del PNV en la localidad vizcaína de Alonsotegi y otras cuatro personas por cinco presuntos delitos, entre ellos los de malversación, fraude y tráfico de influencias.

En un auto fechado el pasado 17 de julio, al que ha tenido acceso Efe, el juez rechaza las solicitudes de sobreseimiento y archivo del caso solicitadas por las defensas de la mayoría de los acusados, aunque las acepta en dos casos, y transforma en procedimiento ante el tribunal del jurado una causa abierta en el año 2014, a raíz de una denuncia presentada por EH Bildu, por las supuestas irregularidades detectadas en la actividad de la sociedad urbanística Alonsotegi Eraikiz.

Esta sociedad, creada en 2003 para la promoción urbanística en la localidad vizcaína de Alonsotegi, se disolvió en 2011 con una deuda de 4,1 millones de euros que fue asumida por el ayuntamiento, en contra de los informes de la interventora municipal. No obstante, se estima que las irregularidades detectadas pueden superar esa cifra.

Por esas irregularidades en la gestión de dicha sociedad fueron imputados los exalcaldes del PNV en Alonsotegi Gabino Martínez de Arenaza y Aitor Santisteban Aldama, además del exconcejal del PSE Secundino Gómez Rueda, dos arquitectos y tres asesores legales.

En el auto judicial, el instructor señala que en los casos de Martínez de Arenaza y Santisteban, así como en los de otros cuatro de los ocho imputados inicialmente, "no ha lugar al sobreseimiento libre y archivo interesado" porque los hechos relacionados con  la citada sociedad urbanística "podrían ser constitutivos de diversos delitos contra la Administración Pública".

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