Política -
Murieron dos Guardias Civiles
Piden 75 años para 'Txapote' por el atentado de Sallent de Gállego
Junto a 'Txapote' están siendo juzgados los miembros de ETA Asier Arzalluz Goñi y Aitor Aguirrebarrena Beldarrain.
Redacción
La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita sendas penas de 75 años de cárcel para el ex jefe militar de ETA Javier García Gaztelu, ''Txapote'', y los también miembros de ETA Asier Arzalluz Goñi y Aitor Aguirrebarrena Beldarrain, que serán juzgados este viernes por asesinar a dos guardias civiles en Sallent de Gállego (Huesca) el 20 de agosto de 2000.
''Txapote se ha negado a declarar en el juicio y ha entonado la expresión abertzale ''Jo ta ke Independentzia lortu arte'' (Sin descanso hasta lograr la independencia).
Tras este pronunciamiento, el presidente del tribunal, el magistrado Javier Gómez Bermúdez, ha advertido de que "cualquier otra manifestación política" que no tenga que ver con el objeto del juicio conllevaría la expulsión de la sala.
El juez también se ha visto obligado a pedir en repetidas ocasiones a ''Txapote'' que guarde silencio en el transcurso de la vista oral.
El ex jefe de comandos de la banda terrorista ETA ha tildado el juicio de "teatro" y, al igual que los también acusados Asier Arzalluz Goñi y Aitor Aguirrebarrena Beldarrain, ha permanecido sentado de brazos cruzados y se ha negado a intervenir en la vista oral.
En su escrito provisional de conclusiones, el fiscal Miguel Ángel Carballo imputa a ''Txapote'', por entonces jefe de los ''comandos'' de la banda terrorista, la orden de cometer el atentado, que fue ejecutado por los otros dos acusados en compañía de José Ignacio Guridi Lasa, ya condenado por estos hechos.
Como resultado del atentado, falleció en el acto la agente de la Guardia Civil Irene Fernández Perera y resultó herido muy grave su compañero José Ángel de Jesús Encinas, que falleció unas horas más tarde en el Hospital San Jorge de Huesca.
Por estos hechos el fiscal imputa a los acusados dos delitos de asesinato terrorista castigados con sendas penas de 30 años de cárcel y otro de estragos, por el que reclama otros 15 años de prisión.
Además, solicita que los acusados no puedan volver al lugar de los hechos en un plazo de ocho años y que indemnicen a cada una de las familias de las víctimas con 500.000 euros.