Condenan a España por violar la presunción de inocencia de un detenido

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por violar la presunción de inocencia de José Ignacio Lizaso Azconobieta, detenido en una operación contra ETA el 5 de junio de 1994 y puesto en libertad sin cargos cinco días después.

La sentencia señala que la presunción de inocencia, protegida por el artículo 6.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, prohíbe que una autoridad pública declare que una persona es culpable "antes de que su culpabilidad no haya sido establecida por un tribunal".

Dos días antes de su liberación, el entonces gobernador civil de Gipuzkoa, José María Gurruchaga Zapirain, dijo en rueda de prensa que Lizaso era miembro del comando Kirruli de ETA, autor de tres atentados en los que habían muerto varios guardias civiles.

La Sala Tercera del Tribunal, presidida por el juez andorrano Josep Casadevall, añade "la importancia de la elección de los términos" en las declaraciones anteriores a que una persona "haya sido juzgada o reconocida culpable de un delito". Para el Tribunal, las declaraciones que reflejan el sentimiento de que la persona afectada es culpable violan la presunción de inocencia, mientras que aquellas que "se limitan a describir un estado de sospecha son conformes al espíritu de Convenio".

El Tribunal de Estrasburgo incide en el hecho de que la rueda de prensa del gobernador civil fuera convocada antes de que Lizaso declarara ante el juez, por lo que "prejuzgó la apreciación de los hechos por los jueces competentes". Además, entiende que el gobernador civil "incitó" a creer en la culpabilidad" de Lizaso.

El fallo obliga a España a indemnizar con 12.000 euros a Lizaso por daños morales (el demandante reclamaba 40.000 euros) y con 6.400 por gastos y los honorarios de los abogados Didier Rouget e Iñigo Iruin.