Política -
El 20 de octubre
El Supremo revisará la condena a cuatro guardias civiles por torturar
La Audiencia de Guipuzkoa decretó penas de cárcel y de inhabilitación absoluta para 4 de los 15 agentes juzgados por haber torturado a los miembros de ETA Igor Portu y Mattin Sarasola.
Redacción
El Tribunal Supremo deliberará el próximo 20 de octubre a puerta cerrada sobre la sentencia de la Audiencia de Gipuzkoa que condenó a cuatro guardias civiles por torturar a los miembros de la organización terrorista ETA Igor Portu y Mattin Sarasola cuando fueron detenidos en la localidad guipuzcoana de Arrasate el 6 de enero de 2008.
El alto tribunal estudiará los recursos de casación interpuestos tanto por el Ministerio Fiscal y los cuatro agentes condenados como por Portu y Sarasola, quienes fueron condenados en mayo del pasado año a 1.040 años de cárcel por el atentado contra la T-4 de Barajas en el que murieron dos ciudadanos ecuatorianos.
El ponente de la sentencia que dictará el Supremo por esta causa será el magistrado José Ramón Soriano. Completarán la Sala Juan Saavedra, Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar y Juan Ramón Berdugo.
La Audiencia Provincial de Gipuzkoa condenó el pasado 30 de diciembre por torturas graves y lesiones a los agentes y les impuso 8 años de inhabilitación absoluta, mientras que absolvió a los otros once guardias civiles de los cargos que se les imputaban.
La sentencia fijó una pena de cuatro años y medio de prisión para el sargento J.C.G., responsable del dispositivo policial, por delitos de "torturas graves y lesiones", y le castigó además con 8 años de inhabilitación absoluta y una pena de ocho días de localización permanente.
Asimismo, impuso dos años y medio de cárcel para el guardia civil J.E.M, y dos años para los guardias S.G.A.M. y S.M.T., a los que condenó también a ocho días de localización permanente. La resolución incluía una indemnización de 18.000 euros para Igor Portu y otra de 6.000 euros para Sarasola por el "daño físico y psíquico causado".
La Audiencia guipuzcoana consideró probado que estos agentes insultaron, amenazaron de muerte y golpearon a los miembros liberados del comando 'Elurra' de ETA en el proceso de su detención y en los diferentes traslados.
