El fiscal pide 4 años de cárcel para el exdirigente del PNV Tellería

El fiscal jefe de Araba, Josu Izagirre, ha pedido cuatro años de cárcel para el exdirigente del PNV Aitor Tellería y para dos ertzainas por un delito continuado de violación de secretos al haber espiado a políticos y personalidades de la sociedad alavesa.

El fiscal reclama además a los tres acusados el pago conjunto de una indemnización de 342.000 euros para las 21 personas afectadas, así como una multa de 540 euros, y declara que el Gobierno Vasco, como responsable civil subsidiario, deberá sufragar estas cantidades en caso de impago.

Con esta calificación fiscal concluyen 15 meses de instrucción de un sumario que consta de siete tomos y más de 1.600 folios y que comenzó en julio de 2010, tras el registro al despacho de Aitor Tellería llevado a cabo con motivo de la investigación por la trama de cohecho en la que también están imputados otros dirigentes del PNV de Araba.

En el disco duro externo de su ordenador se localizaron seis documentos en los que se analiza la vida de políticos, empresarios y destacadas personas de la sociedad alavesa, lo que fue comunicado al Juzgado, que abrió una investigación paralela a la desarrollada hasta el momento.

Según la calificación fiscal, los dos ertzainas, el jefe de la Unidad de Información y Análisis de la Policía vasca en materia antiterrorista y uno de sus subordinados, en una fecha anterior a junio de 2008 contactaron con Tellería, que era entonces miembro de la Ejecutiva del PNV en Araba y se dedicaba a canalizar denuncias de tipo político que llegasen a su partido.

Los ertzainas acordaron pasar información a Tellería y elaboraron varias listas de personas con las que mantener contacto o hacer seguimientos, y a la vez investigar los datos que el dirigente nacionalista les facilitase.

De este modo, los acusados transmitieron "varios cientos" de documentos que luego fueron borrados por Telleria, aunque en el registro efectuado tras su arresto por la causa de cohecho se encontraron seis en su ordenador.

En ellos se cita a dirigentes socialistas alaveses como Patxi Lazcoz, Juan Carlos Alonso y Txarli Prieto, cargos del PP como Santiago Abascal, miembros de la patronal alavesa, periodistas y ertzainas.

En los documentos figuran anotaciones como "llevaron al alcalde de Barcelona en un jet privado que pagó el Ayuntamiento. Ahora están fraccionando las facturas para que no se note", "es una persona que le gusta gastar el dinero de los demás, si se le hace un seguimiento de sus gastos y facturas se le pilla en algo".

"Es un tío que trabaja y hace cositas para el CNI"; "Odia todo lo que huela a nacionalistas"; "Ha pertenecido a una logia. Introduce metadona en las cárceles" y "Realiza negocios de venta de armas", son otros de los comentarios que los dos ertzainas imputados transmitieron presuntamente a Telleria.

En total, el fiscal ha identificado a una veintena de personas, algunas de las cuales figuraban en las bases de datos de la Ertzaintza como "fuentes de la Unidad de Información", y otras como personas que se habían puesto en contacto con la Policía vasca para hablar de seguridad "como consecuencia de la actividad terrorista de ETA".

Las fichas en las que figuran estas informaciones fueron elaboradas, según la Fiscalía, con informaciones recabadas por la Unidad de Información, tanto facilitadas por otros agentes como a través de numerosos accesos a la base informática de la Ertzaintza.

A consecuencia de este "tráfico ilícito de información" se puso "en serio riesgo la vida, la seguridad y la honorabilidad" de las personas citadas, además de a la actividad profesional de ertzainas que contaban con algunos informadores citados en estas fichas, señala la calificación.

El fiscal concluye que los dos agentes son "autores directos" del delito continuado de violación de secretos y Tellería es el cooperador necesario, por lo que solicita para cada uno de ellos cuatro años de prisión y tres de suspensión de empleo o cargo público, que impediría trabajar durante ese tiempo a los ertzainas, así como que depositen 500.000 euros en el juzgado para asegurar las responsabilidades civiles.

El fiscal jefe reclama que en el juicio se cite como testigos a 32 personas, entre ellos algunos de los políticos citados en los documentos y otros, como Alfredo de Miguel, otro exdirigente del PNV acusado junto a Tellería en el caso de cohecho.