La alcaldesa de Altsasu autorizó parodiar al rey al no ver delito

La alcaldesa de Altsasu, Garazi Urrestarazu Zubizarreta, imputada por un delito contra la Corona e injurias a España, ha dicho que autorizó una parodia del rey que fue representada el pasado 3 de septiembre en dicha localidad porque no vio "ningún indicio" de delito o de "perturbación" si se celebraba.

Urrestarazu Zubizarreta ha hecho estas manifestaciones ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que no ha adoptado ninguna medida cautelar para ella ni para Ramón López Cid, que también ha comparecido ante el magistrado ya que fue la persona que pidió autorización en el ayuntamiento para realizar el "teatro callejero".

Según han informado fuentes jurídicas, la alcaldesa ha explicado que ella recibió un informe del departamento de Cultura donde se autorizaba dicha "actuación callejera" y que por eso dictó y firmó una resolución de alcaldía autorizándola.

"El ayuntamiento no tuvo ninguna participación en el acto, ni en el desarrollo y puesta en escena", ha afirmado UrrestarazuZubizarreta, que ha indicado que no dio autorización para que se usara el Ayuntamiento y que hay un certificado expreso de la secretaria municipal con "la no utilización". Asimismo, ha recordado que la policía municipal intervino en el acto abriendo camino por las calles del pueblo para evitar la circulación de coches y que no emitió ningún informe sobre altercados o porque la parodia "tuviera relación distinta con la solicitud y autorización iniciales".

Ese motivo, según ha relatado López Cid, era el de denunciar el acoso policial que sufrían por la Policía Foral y la Guardia Civil, y ha sostenido que "no tenían intención de calumniar ni reírse ni injuriar al rey de España".

Este imputado ha recalcado que los gastos corrieron a cargo de las personas que participaron para lo que hicieron un fondo común.

Tras la declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, ambos siguen imputados por un delito contra la Corona y otro de injurias a España, delitos por los que la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) se querelló contra ellos el pasado mes de septiembre, y más tarde hizo lo propio el sindicato ultraderechista Manos Limpias.