Política -
Juicio de D3M y Askatasuna
Desalojan del Parlamento Vasco a las personas que iniciaban un ayuno
Agentes de la Ertzaintza han desalojado a las tres personas que han iniciado con el apoyo de Aralar y EA una huelga de hambre para pedir la suspensión del juicio de D3M y Askatasuna.
Redacción
Agentes de paisano de la Ertzaintza han desalojado este martes, por orden de la presidencia de la Cámara vasca, a las tres personas, una de ellas imputada en el juicio contra Demokrazia 3 Milioi (D3M) y Askatasuna. Habían iniciado, una hora antes, una huelga de hambre en el Parlamento Vasco, con el apoyo de Aralar y EA, para denunciar la celebración de este juicio y solicitar la suspensión del mismo para que "los derechos civiles y políticos sean restituidos".
Las dos formaciones abertzales fueron suspendidas el 17 de febrero de 2009, unos días después de que se les impidiera concurrir a las elecciones al Parlamento Vasco del mes de marzo.
En el juicio, que se celebrará el próximo 3 de mayo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita que se le imponga una pena de entre siete y nueve años de cárcel a 13 miembros de las formaciones abertzales D3M y Askatasuna, suspendidas en febrero de 2009, a los que atribuye los delitos de pertenencia o colaboración con organización terrorista.
Más de una docena de agentes de la Ertzaintza han acudido al despacho de Aralar para desalojar contra su voluntad y aunque sin oponer resistencia, por orden de la presidenta del Parlamento vasco, Arantza Quiroga (PP), a Amparo Lasheras, imputada en el juicio, y a los miembros de la plataforma de apoyo a los encausados Txerra Bolinaga e Imanol Olabarria que habían iniciado hace menos de una hora una huelga de hambre en protesta por el juicio contra D3M y Askatasuna.
El ayuno tenía como objetivo reclamar la suspensión de todos los juicios políticos, la libertad inmediata para todas las personas encarceladas por ejercer sus derechos civiles y políticos, la legalización de todos los colectivos sociales y políticos anulados en la última década, y la derogación de la legislación de excepción conculcadora de los derechos civiles y políticos.