La reforma de la Ley de Costas salva miles de viviendas y chiringuitos

Los cerca de 3.000 chiringuitos construidos en las playas españolas, así como miles de viviendas asentadas en suelo de dominio público marítimo terrestre, se salvarán de la demolición durante 75 años más, al haberse aprobado este viernes en Consejo de Ministros un proyecto de ley que reforma la actual Ley de Costas.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado en rueda de prensa que la norma anterior, de hace 24 años, no ha cumplido "debidamente" sus objetivos de protección del litoral y del medio ambiente, y ha creado "inseguridad jurídica".

Se estima que hay unas 10.000 viviendas construidas en dominio público, la mayoría con un derecho anterior a la Ley de Costas de 1988. La anterior ley expropió a todos estos propietarios sus posesiones al fijar unas nuevas lindes, y, a cambio, les otorgó concesiones por 30 años, que iban a empezar a expirar a partir de 2018.  En concreto, dentro de seis años expirarían las primeras 1.100 concesiones, lo que obligaría a su demolición si no fuera por esta reforma.

Así, el proyecto amplía las concesiones a otros 75 años más a todas aquellas propiedades ya construidas (casas, restaurantes, hoteles..) que se encuentran situadas en suelo de dominio público marítimo terrestre. La nueva ley va a permitir también que los concesionarios de estas casas podrán venderlas y hacer reformas si no aumentan su actual volumen ni altura.

Para los chiringuitos de playa desmontables la autorización será de 4 años, cuando antes era solo de 1. Se estima que solo en Andalucía, tanto los fijos como los desmontables generan más de 40.000 empleos.

La nueva norma, ha asegurado el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, beneficia a quienes estaban legítimamente en la costa, pero "no es una amnistía de situaciones ilegales".

'Cláusula antialgarrobicos'

Entre las novedades de la futura norma, destaca la llamada "cláusula antialgarrobicos", que supondrá tolerancia cero frente a las agresiones en la costa, y permitirá actuar al gobierno frente a los acuerdos municipales que aprueben obras contrarias a la ley.

Otra novedad es la distinción entre playas urbanas y playas naturales, incrementando la protección de estas últimas.

También se evita que se pueda adquirir de buena fe un inmueble en la costa, y descubrir después que, en realidad, no se es propietario porque el bien está afectado por el deslinde del dominio público