Personal de los registros civiles protestan contra su privatización

Los trabajadores de los registros civiles se han manifestado este sábado en Madrid en una marcha que ha partido de la Plaza de Cibeles y ha finalizado en el Ministerio de Justicia.

La marcha se ha convocado dentro de los numerosos actos que desde hace más de dos años se realizan contra la privatización del Registro Civil, que el Gobierno ha transferido a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, y por el mantenimiento del Registro Civil como servicio público servido por la Administración de Justicia.

La número dos de Podemos en Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha querido estar presente en esta manifestación porque la privatización del registro civil, hasta ahora "completamente público", con la privatización habrá que pagar una tasa fija "entre 300 y 500 euros" por hacer gestiones como "inscribir a un hijo, solicitar un certificado de defunción para poder recibir una herencia u otras cosas que son derechos constitucionales, como el matrimonio".

El portavoz del CSIF, Javier Jordán, ha querido resaltar que esta vez "han sido los funcionarios de justicia del registro civil quienes han querido decirle a Catalá que basta de privatizaciones". "Somos perfectamente capaces los funcionarios de justicia para llevar a cabo y para gestionar y mejorar el servicio público del registro civil", ha manifestado.

Además, Javier Jordán, ha explicado que para el ciudadano de a pie, que se privatice el registro civil, significa "esto del servicio civil gratuito que promete Catalá no se lo cree nadie, ni los propios registradores". "Hay un gran número de registradores que están en contra del modelo que les quieren imponer y para el ciudadano a corto plazo significa que va a tener que pagar por este servicio", ha aclarado.

Catalá asegura que seguirá siendo 'gratuito y público'

Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha insistido hoy en que el Registro Civil no se va a privatizar y ha garantizado que este servicio seguirá siendo "gratuito, público y cercano al ciudadano" gracias a la progresiva implantación de medios telemáticos con el apoyo de más de 1.100 oficinas del Registro en toda España.

El ministro ha garantizado que este servicio seguirá siendo prestado por "funcionarios públicos". En este sentido, Rafael Catalá ha expresado su voluntad de acometer la reforma con los funcionarios, con los sindicatos y con las Comunidades Autónomas, para lo que se van a crear grupos de trabajo y mesas de negociación que permitirán coordinar este proceso de cambio hacia el nuevo Registro Único, ha comunicado el Ministerio de Justicia.