La Ertzaintza desmantela un matadero ilegal en un caserío de Larraul

La Ertzaintza desmanteló la semana pasada un matadero ilegal en un caserío en Larraul y abrió diligencias contras un varón de 61 y a una mujer de 51 acusados de delitos contra la salud pública, contra el medio ambiente y maltrato animal. Estas personas regentaban una explotación ganadera utilizada para presuntamente sacrificar animales de forma ilegal y con destino al consumo humano. Después, los restos de los animales eran arrojados al parecer en una vaguada de Anoeta.

Según ha informado este lunes el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco en una nota, a finales del pasado mes de agosto la Ertzaintza fue informada acerca de posibles vertidos ilegales de restos de animales en una vaguada de Anoeta. Los agentes inspeccionaron la zona y localizaron alrededor de quince sacos con restos putrefactos de desechos de animales en el cauce de una regata.

Tras realizar indagaciones sobre el origen de esos restos, en compañía del alguacil de la zona, los agentes encargados de la investigación se dirigieron a un caserío de Larraul donde fue descubierto el matadero ilegal. En la parte superior encontraron una oveja sacrificada y varios ejemplares ovinos más preparados para sufrir el mismo destino así como sacos con vísceras de animales similares a los localizados en Anoeta y todo tipo de herramientas y objetos empleados para el despiece.

De la investigación realizada en torno a los responsables de la explotación agrícola, un varón de 61 y su pareja de 51, se pudo constatar que estas personas utilizaban las instalaciones del caserío de forma ilegal para lucrarse de ello sacrificando los animales, sin ser sometidos a los controles que requiere la normativa vigente. Asimismo, tras la venta de la carne, los restos eran arrojados en el cauce de un riachuelo de Anoeta, lo cual podría suponer un grave riesgo para la salud pública.

Por todo ello, los agentes comunicaron a las personas responsables de la explotación que se iban a abrir diligencias contra ellas, en calidad de investigadas por la presunta comisión de un delito contra la salud pública, otro contra el medio ambiente y otro de maltrato animal.